Jueces sin rostro: cuando la justicia se tapa los ojos… y también la cara

En México, la justicia siempre ha sido ciega. Ahora, además, quiere ser anónima.

La propuesta de los llamados jueces sin rostro se presenta como una solución moderna a un problema viejo: la violencia del crimen organizado contra quienes imparten justicia. La lógica parece impecable: si el juez no tiene nombre, no tiene cara y no tiene firma visible, tampoco tiene amenaza. El problema es que, bajo esa misma lógica, tampoco tiene control democrático.

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La figura reaparece envuelta en el lenguaje favorito del poder: “es por seguridad”. Y claro, nadie en su sano juicio podría minimizar el riesgo real que enfrentan jueces y magistrados en México. Pero cuando el Estado responde al miedo recortando derechos, conviene detenerse a revisar si estamos protegiendo a la justicia… o enterrándola con honores.

Porque más vale decirlo sin rodeos: el juez sin rostro no es una innovación jurídica, es una excepción convertida en política pública. Y las excepciones, cuando se normalizan, suelen quedarse a vivir.

La pregunta incómoda es sencilla:

¿cómo puede una persona defenderse plenamente si no sabe quién la juzga?

¿Cómo se recusa a un juez del que no se conoce ni el nombre, ni la trayectoria, ni los posibles conflictos de interés? La respuesta es obvia y, por eso mismo, peligrosa: no se puede.

Nos dicen que la identidad del juez no es relevante, que lo importante es la sentencia. Pero en un Estado de derecho, la justicia no es un acto místico ni una revelación divina: es un proceso humano, falible, revisable. Precisamente por eso conocemos a quienes juzgan, para poder cuestionarlos dentro de la ley. El anonimato rompe ese equilibrio y convierte al juez en una figura casi abstracta, intocable, impermeable a la crítica jurídica.

Paradójicamente, el juez sin rostro no fortalece al Poder Judicial: lo debilita. No lo protege con instituciones sólidas, sino que lo esconde. Es la confesión tácita de que el Estado no puede garantizar seguridad con inteligencia, investigación y castigo a las amenazas, así que opta por cubrir el problema con una sábana legal.

La experiencia regional ya mostró que esta fórmula suele terminar mal: procesos opacos, sentencias cuestionadas, juicios que parecen más actos administrativos que ejercicios de justicia. Pero aquí insistimos, quizá porque en México tenemos una relación complicada con la historia: la repetimos esperando resultados distintos.

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El mayor riesgo no es sólo jurídico, sino simbólico. Cuando el ciudadano se enfrenta a una justicia sin rostro, el mensaje es claro: el poder no da la cara, pero exige obediencia. Y eso, en cualquier democracia, debería encender todas las alertas.

Proteger a jueces es urgente, sí. Pero la salida no puede ser una justicia enmascarada. La verdadera fortaleza del Estado no está en esconder a quien juzga, sino en garantizar que nadie —ni criminales ni políticos— pueda intimidarlo.

Porque si la justicia se vuelve invisible, deja de ser justicia y empieza a parecer otra cosa: un acto de fe obligatorio. Y la fe, a diferencia del derecho, no admite apelación.