
Foto: Diego Rivera Navarro / FB
El Ayuntamiento de Tequila bajo la lupa por institucionalizar el “cobro de piso”

No fue un mal cálculo ni un exceso administrativo. Fue un método. En Tequila, el Ayuntamiento convirtió la ventanilla pública en un sistema de presión: inspecciones que aparecían de la nada, revalúos prediales súbitos, adeudos “revisados” hacia atrás y permisos que se detenían justo cuando el empresario se negaba a pagar.
Los expedientes federales hablan de al menos diez empresas hostigadas y de cobros que escalaron a decenas de millones de pesos; en un caso, los montos habrían rebasado los 60 millones. Hubo amenazas de clausura, retención de licencias y hasta el intento de cerrar una planta para doblar al contribuyente. Si entraba el dinero, el trámite avanzaba. Si no, el municipio recordaba que también sabía cerrar puertas.
Todo se disfrazó de legalidad: multas mezcladas con impuestos, sanciones presentadas como adeudos fiscales, requisitos que cambiaban sobre la marcha. La extorsión, pero con sello y oficio.
Lo verdaderamente cínico vino después. Mientras el esquema funcionaba, hubo respaldo político y defensas públicas: que si eran cobros legítimos, que si conflictos administrativos. Bastó la detención para que apareciera la frase automática: no toleramos la corrupción, ni siquiera de los nuestros. La ética, como siempre, llegó en patrulla.
En Tequila no cayó solo un alcalde, Diego Rivera. Cayó la narrativa. Y quedó claro que, cuando la política falla como control, la justicia termina haciendo la auditoría que nadie quiso firmar antes.
Hoy amigos, compañeros de fórmula y morenistas borran de las redes sus mensajes apoyándolo e incluso felicitando al exalcalde pero a todos ellos la justicia les dice ¿Cristalino o reposado? Porque el tequila se toma solo o con amigos.