
Foto: Cuartoscuro
El Comité reconoció que existe interés público legítimo pero advirtió pondría en “riesgo a la continuidad operativa”

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec determinó clasificar como reservada, hasta 2031, la información técnica de los vagones que integran la Línea Z Salina Cruz–Coatzacoalcos, así como las comunicaciones y reportes generados con el centro de mando después del descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca. El accidente dejó 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas.
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La empresa reconoció que existe interés público en conocer el estado del material rodante; no obstante, sostuvo que divulgar especificaciones técnicas a detalle “aporta una utilidad marginal frente al objetivo de rendición de cuentas, pero eleva de forma sustantiva el riesgo a la seguridad y continuidad operativa del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”.
Además, también se reservó por cinco años la copia íntegra de las comunicaciones del centro de mando relacionadas con el siniestro.
El Comité explicó que estos documentos forman parte de la carpeta de investigación FED/FEIL/FEILC-OAX/000005/2026 de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que su difusión podría obstaculizar la indagatoria.
“Su divulgación podría obstruir la prevención o persecución de los delitos […] también se podría afectar el debido proceso y/o vulnerar actuaciones y determinaciones no concluidas”, señaló.

La FGR informó que el descarrilamiento habría estado vinculado con un presunto exceso de velocidad y anunció órdenes de aprehensión contra tres trabajadores que operaban el tren sin contar con licencia vigente.
A ello se suma un dictamen de seguridad industrial, firmado por un perito, que concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas establecidas en el reglamento del servicio ferroviario.
El Comité de Transparencia precisó que la reserva tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de revisión anticipada si desaparecen las causas que la motivaron. Mientras tanto, la empresa ratificó la clasificación como “información reservada” al considerar acreditada la prueba de daño, al estimar que la difusión íntegra de los reportes y comunicaciones podría comprometer el esclarecimiento de los hechos y la eficacia de la acción ministerial.
