Alcaldes armados de impunidad

En México, durante mucho tiempo, el poder local fue capturado bajo un manto de impunidad que fue tejido desde arriba, normalizado desde el centro del poder político, y administrado en los territorios por alcaldes que entendieron el cargo como licencia para extorsionar, violentar y pactar con el crimen organizado.

La frontera entre autoridad y delincuencia se borró y el poder público terminó trabajando a favor de las redes criminales.

El caso de Diego Rivera, alcalde de Tequila en el estado de Jalisco, detenido por presuntos delitos de extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, es revelador. No solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque ilustra una práctica que se volvió costumbre: gobernar desde el miedo. Empresarios extorsionados, ciudadanos silenciados, policías subordinados a intereses criminales. Un municipio entero secuestrado por quien debía protegerlo.

No es el único caso. De acuerdo con información periodística ampliamente documentada, desde 2018 han sido detenidos al menos 25 alcaldes relacionados con grupos del crimen organizado. Una parte significativa de ellos llegó al poder bajo las siglas de Morena, otros desde el PRI y Movimiento Ciudadano.

El dato no es menor, pero el enfoque tampoco debe perderse: no es un problema de colores, sino de estructuras capturadas.

No hay que olvidar que el municipio es el gobierno de primer contacto para la ciudadanía, donde están desde el alcalde, la policía municipal y los jueces cívicos, hasta los inspectores y operadores de servicios públicos, como el alumbrado, agua, basura, permisos, mercados, tránsito, licencias.

En casos de robos, extorsiones, riñas y violencia familiar, por ejemplo, la primera llamada siempre es a la policía municipal. Antes de que llegue la Guardia Nacional o intervenga una fiscalía estatal o federal, la ciudadanía se enfrenta al gobierno local. Si ese primer eslabón está capturado, todo lo demás falla.

Por eso, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se terminó el amparo político para delinquir es relevante, pero insuficiente. No alcanza con declaraciones firmes.

Hace falta voluntad sostenida y estar dispuesto a pagar los costos políticos de una ruptura clara con la herencia de impunidad, la de los abrazos y no balazos, que todavía pesa sobre demasiados ayuntamientos en todo el territorio nacional.

Lo verdaderamente decisivo será construir filtros reales para impedir que candidatos con respaldo criminal lleguen a las boletas, fortalecer la inteligencia financiera y territorial, y asumir que la seguridad nacional también se juega en los municipios más pequeños.

En la elección de 2024, Data Cívica documentó que al menos 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas fueron atacadas presuntamente por grupos del crimen organizado: 34 fueron asesinadas, 40 sobrevivieron a atentados armados, 32 recibieron amenazas y 10 fueron secuestradas. A punta de balazos, el crimen impuso a los candidatos y decidió quién ganaba.

Por eso resulta tan riesgoso que, frente a este panorama, el Estado opte por administrar la violencia en lugar de enfrentarla. Si, de cara a la elección intermedia de 2027, el Gobierno de México decide privilegiar los cálculos políticos, en lugar de desmantelar las redes criminales, la ciudadanía quedará atrapada entre el miedo y la violencia.

¿Los triunfos electorales de Morena valen más que la seguridad del pueblo de México?