Cero transparencia: la opacidad de la administración del exalcalde de Tequila

La administración de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila recientemente detenido por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo estuvo marcada por las presuntas extorsiones que realizaba, sino también por la opacidad.

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Bajo su gestión, el Ayuntamiento incumplió sistemáticamente con la Ley General de Transparencia, al no publicar un solo dato sobre el uso de los recursos públicos.

De acuerdo con El Universal, desde que Rivera Navarro asumió el cargo en octubre de 2024, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la carga de información pública fue inexistente.

Al consultar apartados críticos para la rendición de cuentas, la plataforma arroja de manera recurrente la leyenda: “se encontraron cero resultados”.

Entre la información que la administración ocultó de forma deliberada se encuentra:

• Contratos públicos: No hay registro de licitaciones o adjudicaciones de obras, bienes o servicios.
• Sueldos y nómina: Se desconoce cuánto percibía el alcalde y su gabinete.
• Auditorías e informes: No existen documentos sobre el estado financiero del municipio ni el ejercicio del presupuesto de egresos.
• Declaraciones patrimoniales: Ningún funcionario de la gestión actual cumplió con la obligación de transparentar sus bienes.

De vender caballos a gobernar Tequila

Los antecedentes financieros de Rivera Navarro contrastan con el poder que ejercía.

En su declaración patrimonial de mayo de 2023, cuando fungía como regidor, reportó ingresos anuales de apenas 72 mil 773 pesos, de los cuales casi la mitad provenían de la “compra y venta de caballos”.

En aquel entonces, el hoy detenido aseguró:

1. No poseer vehículos ni inmuebles.
2. No tener cuentas bancarias ni inversiones.
3. Ser pasante de Derecho sin experiencia laboral previa.

Sin embargo, esta austeridad declarada choca con los reportes de sus colaboradores cercanos.

Julio César Limón Trigueros, tesorero municipal (hoy prófugo), declaró ingresos por 34 millones de pesos en el año previo a asumir su cargo, presuntamente devengados como “asesor legislativo”, una cifra que ha encendido las alarmas de las autoridades federales en el marco de la Operación Enjambre.

El marco legal ignorado

De acuerdo con el Artículo 66 de la Ley General de Transparencia, los municipios están obligados a publicar, sin necesidad de solicitud previa, información sobre el uso del suelo, licencias de construcción, presupuestos y deuda pública.

Pese a que el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI) es el órgano encargado de vigilar este cumplimiento, la administración de Rivera Navarro operó fuera de toda norma de rendición de cuentas hasta el momento de su captura el pasado 5 de febrero.

Actualmente, el municipio se encuentra bajo el interinato de Lorena Marisol Rodríguez Rivera.