La Suprema Corte derribó el último escudo judicial de Cabeza de Vaca y dejó a la FGR con la vía libre para ir por su capturarlo
Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló el amparo que todavía protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, frente a la orden de aprehensión en su contra.
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Con esa decisión, la Fiscalía General de la República (FGR) queda habilitada para ejecutar el mandamiento judicial contra el exmandatario panista, quien se encuentra en Estados Unidos desde finales de septiembre de 2022.
El fallo fue aprobado en un debate que no giró en torno al resultado final, sino a la forma en que estaba construido el proyecto. Aunque hubo críticas de fondo a la metodología, el bloque completo del pleno coincidió en un punto clave, el amparo debía caer.
La historia judicial del caso comenzó en enero de 2021, cuando la FGR abrió una carpeta de investigación contra García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
En ese momento, el entonces gobernador se amparó en el fuero constitucional y promovió recursos para contener el avance de la investigación.
Al terminar su mandato, en los primeros días de octubre, la Fiscalía obtuvo una nueva orden de aprehensión por dos de los delitos incluidos en ese primer expediente.
En esa misma ruta judicial, el Juzgado Séptimo de Distrito negó el amparo a García Cabeza de Vaca, a su madre María de Lourdes, a su esposa Mariana Gómez Leal, a su hermano José Manuel y a otras dos personas señaladas en la denuncia.
El caso fue el segundo asunto discutido en la sesión del pleno. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pidió a Lenia Batres Guadarrama presentar el proyecto del amparo en revisión 435/2025, que estaba a su cargo.
Tras la exposición, la ministra Yasmín Esquivel Mossa marcó distancia con la construcción de la ponencia, aunque respaldó retirar la protección al exgobernador.
Su señalamiento apuntó a que el proyecto se metía en una valoración que correspondía al juez de control, con el riesgo de invadir el terreno del juez natural y afectar la lógica del debido proceso.
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía también respaldó el sentido de la resolución, pero cuestionó la ruta argumentativa. Advirtió que la propuesta no fijaba un parámetro constitucional y se enfocaba en resolver un problema de valoración probatoria del caso concreto, cuando la Corte debía concentrarse en definir un estándar constitucional.
En la misma línea se pronunció la ministra Loretta Ortiz. Apoyó cancelar el amparo, pero subrayó que la manera en que estaba redactado el proyecto podía dar la impresión de que la Corte asumía funciones propias del juez de control.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz intervino después para proponer un ajuste al engrose y pidió cambiar el término revocar por modificar, en sintonía con el debate que se abrió sobre el alcance de la sentencia y la necesidad de no desbordar la competencia del tribunal constitucional.
La discusión se tensó cuando Batres respondió a las observaciones de Giovanni Figueroa y el ministro hizo una réplica. En ese intercambio, la ministra solicitó que los comentarios se entregaran por escrito para incorporarlos al proyecto.
Al final, Aguilar Ortiz llamó a votación en medio de las diferencias sobre la metodología. El pleno votó en bloque a favor del proyecto, aunque con votos concurrentes.
El efecto fue inmediato en términos jurídicos y políticos, el último amparo cayó y la FGR quedó con el camino despejado para ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas.
Luego del revés judicial en su contra, el exgobernador de Tamaulipas arremetió contra los ministros de la SCJN.
Por medio de sus redes sociales, el político panista aseguró que los ministros no responden a la ley, sino al poder.
“Ni ellos se pudieron poner de acuerdo en su determinación”, reclamó.
Aseguró que es un perseguido político tras denunciar la red de huachicol fiscal en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Me persiguen por enfrentar al entonces presiente López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupcion y complicidad política más grande de la historia de México, el Huachicol Fiscal”.
Finalmente, Cabeza de Vaca dijo que enfrentará las denuncias en su contra desde Estados Unidos y interpondrá los medios legales necesarios para evitar ser detenido.
