
Foto: Cuartoscuro
Los coordinadores del PAN y PRI en el Senado adelantaron que sus bancadas votarán contra al reforma electoral

Luego de que la Cámara de Diputados recibiera esta tarde la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal, los coordinadores en el Senado del PRI y PAN fijaron la postura de sus bancadas ante su próxima discusión.
No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y siguenos en X (Twitter).
El primero en hacerlo fue el panista Ricardo Anaya, quien reiteró que su bancada votará en contra de la iniciativa.
En charla con reporteros, el político queretano aseguró que en la reforma electoral no se contempla evitar que el dinero del narcotráfico llegue a las campañas políticas.
“Nuestra postura es ir absolutamente en contra, por esa razón. Porque Morena no quiere establecer que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan su registro. Esa era nuestra exigencia, no lo cumplieron”, afirmó el panista.

Anaya Cortés fue más allá y calificó la reforma electoral como una farsa, pues no impedirá que el crimen organizado se infiltre a la política.
“No vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma que no atiende el problema central. Como lo hemos dicho, una reforma debe servir para arreglar un problema. Y el problema que sí tiene la democracia mexicana es que los narcos ponen candidatos”, aseguró.
Hace unas semanas, el senador dijo que su partido podría acompañar a la reforma electoral siempre y cuando se contemplara que aquel instituto político que recibirá dinero del narcotráfico, automáticamente perdería el registro.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve Baños, dijo que la reforma electoral representa una retroceso en la vida democrática e insistió en llamarla “Ley Maduro”.

“Esta ‘Ley Maduro es un retroceso democrático, es el apoderamiento de Morena de las elecciones porque ellos quieren decidir quién gana y quién pierde”, expuso el senador oriundo de Guerrero.
Advirtió que esta iniciativa es “el último clavo al ataúd” que Morena pondrá a la democracia en México.
La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral plantea una transformación profunda del sistema político mexicano con base en la austeridad, la participación ciudadana y la transparencia. Sus puntos clave son:
Senado: Se reduce de 128 a 96 el número de senadores, eliminando por completo los 32 escaños de representación proporcional (plurinominales de lista nacional).
Cámara de Diputados: Aunque se conservan 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, se elimina el sistema de listas cerradas designadas por las cúpulas de los partidos. Ahora, los 200 lugares de representación proporcional se asignarán a los candidatos de cada partido que, sin haber ganado en su distrito, hayan obtenido los mejores porcentajes de votación.
Se disminuye el dinero público destinado a las actividades ordinarias de los partidos, cambiando la fórmula que multiplica el padrón electoral del 65% al 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Establece que todo contenido electoral modificado o creado con Inteligencia Artificial deberá incluir una etiqueta que alerte sobre su alteración, con sanciones para quienes incumplan. Además, se reducen los tiempos oficiales de precampañas y campañas en radio y televisión, pasando de 48 a 35 minutos diarios.
Se obliga a las candidaturas (incluyendo independientes) y partidos a reportar diariamente sus ingresos, egresos y operaciones financieras (incluyendo activos virtuales o criptomonedas).
Adicionalmente, se ordena a la autoridad electoral coordinarse de manera institucional con instancias de seguridad y de inteligencia financiera para revisar los registros de candidatos y evitar la infiltración del crimen organizado.
Se habilita legalmente el uso de tecnologías de la información y medios electrónicos para la emisión del voto en consultas populares, buscando facilitar y ampliar la participación ciudadana.
Se incluye el objetivo de prohibir expresamente que cualquier funcionario público pueda dejar su cargo a un familiar de manera consecutiva.
Las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales electorales no podrán ser mayores a lo que percibe la persona presidenta de la República.