Otro caso de censura: TEPJF sanciona a activista que denunció vínculos de jueza con el ‘Chapo’

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó diversas sanciones contra Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil Defensorxs A.C., por haber alertado públicamente que la jueza Silvia Rocío Delgado García fue abogada de Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo”, según determinó el órgano jurisdiccional.

Las medidas impuestas incluyen la inscripción del activista en el padrón de violentadores, la exigencia de emitir una disculpa pública y la eliminación de sus publicaciones en redes sociales relacionadas con la juzgadora de Chihuahua.

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Durante una entrevista para W Radio, Meza reafirmó la postura de su organización respecto al riesgo que, a su juicio, representa el perfil de la funcionaria para la impartición de justicia en el norte del país.

“Nosotros alertamos que era un riesgo que una abogada que hace unos cuantos años había sido abogada de el Chapo Guzmán, ahora fuera jueza en un estado como Chihuahua (...) Le va a tocar juzgar casos de crimen organizado”, declaró el activista.

El presidente de Defensorxs A.C. manifestó que no cumplirá con las sanciones impuestas, rechazando borrar sus publicaciones o pedir disculpas, asegurando que mantendrá su labor de exposición de lo que denominó como narcopolítica.

La controversia surge tras las denuncias por presunta violencia política de género presentadas por la propia jueza, quien también incluyó en sus quejas a representantes de 14 medios de comunicación que difundieron la investigación de la ONG.

Antecedentes y elección de la jueza en el Distrito Judicial Bravos

Silvia Rocío Delgado García asumió el cargo el pasado 1 de septiembre de 2025, tras obtener 23 mil 605 sufragios en la elección judicial de junio, lo que la ubicó en el segundo lugar de las votaciones en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez.

La organización Defensorxs A.C. documentó que la juzgadora se integró al equipo de defensa de Guzmán Loera en agosto de 2016, fungiendo como enlace directo mientras el capo estaba recluido en el Cefereso número 9 de Chihuahua, previo a su extradición a Estados Unidos.

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Dentro del proceso de investigación, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua solicitó datos personales del activista a diversas instancias; de acuerdo con la ONG, la empresa Meta entregó el número celular y correo personal de Meza, información que posteriormente fue trasladada a particulares, incluida la jueza electa.

Por su parte, Delgado García ha rechazado que su pasado profesional comprometa su imparcialidad.