¿Y la libertad de expresión? Sancionan a funcionaria por chat privado donde criticó a diputada de Morena

Emma María Zermeño López, activista y funcionaria de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, fue sancionada por presunta violencia política de género luego de que la diputada local de Morena, Almendra Negrete, la denunciara por comentarios de un chat privado de WhatsApp.

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María Zermeño, señaló que tras la denuncia realizada por la morenista, no ha “sentido” tener un espacio para “una réplica”.

“Esto que se dice de qué inocente hasta que se compruebe lo contrario, para nada. Exactamente al revés. No he sentido que tenga el espacio a una réplica, que se me escuche. Eso no me parece justicia”, afirmó Emma María Zermeño López en entrevista con la periodista Gabriela Warkentin.

En el chat filtrado, Zermeño expresó que la morenista carecía de los méritos necesarios para el cargo de diputada, añadiendo que su única cualidad era ser “la única mujer y lesbiana disponible”.

“Soy una asistente que gana el salario mínimo”

En la entrevista, Zermeño también cuestionó la disparidad de condiciones frente a la legisladora, argumentando que Almendra Negrete es una diputada con licencia que “sigue recibiendo su sueldo” mientras que ella es “una asistente” en la función pública.

“Entendemos que esta persona es una diputada que ha estado varias veces en su curul. Es diputada con licencia, sigue recibiendo su sueldo y yo soy una asistente que gana el salario mínimo, no por mis capacidades, sino porque la vida da muchas vueltas”, señaló.

Disculpa pública y registro como “violentadora”

Emma María Zermeño también advirtió que la resolución del caso podría derivar en sanciones económicas, medidas de reparación del daño e incluso consecuencias laborales, luego de que la Sala Regional Guadalajara del TEPJF ordenara a la autoridad electoral local emitir una sentencia y determinar la sanción correspondiente.

Zermeño declaró que la diputada de Morena solicitó una reparación del daño por 300 mil pesos, además de una disculpa pública y otras medidas, entre ellas su inscripción en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.

“Lo que solicitaba la persona denunciante son 300 mil pesos por reparación de daños… también que yo quede en el registro de personas violentadoras. Dato curioso: aquí en el estado no hay nadie en esa lista, yo sería la primera”, señaló.

La funcionaria explicó que la eventual inscripción en este registro podría traer consigo medidas adicionales como cursos de sensibilización y posibles consecuencias laborales.

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“El hecho de estar en el registro podría causar que me inhabiliten del servicio público por dos o tres años. Entonces sería prácticamente perder mi trabajo y no poder seguir buscando trabajo en la iniciativa pública”, advirtió.

Hasta ahora, el proyecto de resolución del magistrado ponente no ha sido publicado en la página oficial del TEPJF, por lo que la discusión en el pleno será clave para definir si se confirma o se revoca la sanción, el caso discutirá este jueves.