Corte fija precedente histórico y prohíbe negar agua potable por vivir en un asentamiento irregular

Histórico y trascendental. Vivir en un asentamiento irregular no puede ser usado por las autoridades como pretexto para negar el acceso al agua potable. Es un precedente de enorme alcance para las comunidades más excluidas del país pues con una votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a habitantes de la zona de “Los Kilómetros”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ordenó garantizarles el mínimo vital de agua, así como espacios adecuados para su conservación.

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El fallo rompe una barrera que durante años dejó a miles de personas en un limbo. La Corte sostuvo que, tratándose de comunidades marginadas, sin servicios básicos y sin formas de domiciliación formal, no es razonable exigir comprobantes oficiales de residencia para reconocerles interés legítimo en un juicio de amparo. Bastará, dijo, que los habitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad que viven en ese lugar. Con ello, el tribunal desarmó la visión formalista con la que un juez de distrito había cerrado la puerta al caso.

El expediente describe a Los Kilómetros como un asentamiento irregular ubicado en la periferia sur poniente de Ciudad Juárez, sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes, formado a partir de población migrante durante las décadas de 1990 y 2010. La sentencia refiere que, al menos hasta 2019, esa zona estaba integrada por ocho colonias con 9 mil 600 habitantes.

La comunidad no cuenta con red formal de agua y sus habitantes, dependen del abasto mediante pipas, que llegan cada 10 o 15 días para llenar tambos y otros recipientes de almacenamiento. Ese contexto fue decisivo para la Corte. El Pleno explicó que los asentamientos irregulares suelen carecer no solo de escrituras o contratos, sino también de servicios públicos que permitan generar comprobantes de domicilio.

La ausencia estructural impide a esas comunidades producir los papeles que luego la autoridad les exige para reconocerles derechos. La sentencia advierte que imponer esa carga probatoria es desproporcionado y violenta el derecho humano al agua cuando lo que está en juego es el mínimo indispensable para vivir con dignidad.

Un precedente que va más allá de Juárez

La relevancia histórica del fallo está en que la Corte fijó con claridad que el acceso al mínimo vital de agua no depende de la situación jurídica del suelo ni de la regularización de la vivienda. El derecho, sostuvo, no es una prestación accesoria a la propiedad, sino un presupuesto básico de la vida digna. En otras palabras, aunque una colonia sea irregular, el Estado sigue obligado a actuar de inmediato cuando la falta de agua compromete salud, higiene, integridad y subsistencia.

El Pleno recordó que una vivienda digna no puede entenderse sin disponibilidad y accesibilidad de servicios públicos básicos, entre ellos el agua potable. Por eso, la Corte no trató el caso como una mera discusión administrativa sobre prestación de servicios, sino como una vulneración simultánea a derechos fundamentales de una comunidad marginada.

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El estándar de la Corte: 50 litros diarios por persona

La resolución señala que el Estado debe asegurar, para uso personal y doméstico, al menos 50 litros diarios por persona en condiciones suficientes, continuas, salubres, aceptables, físicamente accesibles y asequibles.

Ese razonamiento elevó el estándar del caso. El tribunal dejó claro que la omisión reclamada no era una simple incomodidad en el servicio, sino una afectación grave a la dignidad humana. La ausencia de agua para beber, cocinar, asearse o mantener condiciones básicas de higiene coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad que el Estado no puede tolerar ni justificar con obstáculos burocráticos.