Escudo de las Américas

La cumbre llamada Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump en Miami, se presentó ante el mundo como una cruzada hemisférica contra el narcotráfico. Sin embargo, más que un simple acuerdo de cooperación regional, el proyecto revela un nuevo intento de reconfigurar la hegemonía estadounidense en el continente bajo el argumento de la seguridad.

El mecanismo plantea coordinar inteligencia, operaciones policiales y eventualmente acciones militares entre países aliados para desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Sobre el papel suena razonable, pero la lectura geopolítica es inevitable, dado que el propio Trump ha planteado utilizar fuerza militar letal para destruir a los cárteles mexicanos, insinuando incluso la posibilidad de intervenir nuestro territorio.

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Además, la iniciativa se lanzó en una cumbre que reunió principalmente a gobiernos latinoamericanos ideológicamente alineados con Washington y dejó fuera a países clave como México, Brasil o Colombia, lo que revela que el proyecto no es sólo de seguridad, sino también de afinidad política y control regional.

Como ha ocurrido durante décadas, con la complicidad de Argentina, Chile y El Salvador, entre otros, Washington quiere coordinar inteligencia, fijar prioridades operativas y definir el marco político del combate al crimen organizado en el continente.

Por eso Trump ha repetido que el epicentro de la violencia de los cárteles está en territorio mexicano y ha insinuado que el gobierno mexicano carece de capacidad para enfrentarlos. Todo eso le sirve para justificar presiones diplomáticas, amenazas de intervención y un endurecimiento de la política fronteriza.

Es indudable que la política exterior de México se encuentra en un punto delicado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con una postura clara de cooperación sin subordinación, los riesgos son evidentes.

La relación con Trump nunca ha sido predecible. Sus decisiones suelen responder más a cálculos políticos internos que a estrategias diplomáticas estables, de ahí la necesidad de que México refuerce la cooperación técnica en inteligencia y seguridad con Estados Unidos, sin aceptar esquemas que comprometan la soberanía nacional.

Pero también es preciso que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se decida a tomar un papel protagónico para internacionalizar la discusión sobre las causas estructurales del narcotráfico. En su momento, Marcelo Ebrard llevó al debate público que las armas de fuego fabricadas en Estados Unidos terminan en manos de organizaciones criminales.

Hoy, el canciller podría elevar la voz sobre la red financiera que utilizan los cárteles de la droga para lavar dinero y señalar las transferencias electrónicas, empresas fachadas, inmobiliarias e inversiones comerciales que operan en mercados legales y bajo la jurisdicción estadounidense.

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Se trata de mantener una relación funcional con la potencia más influyente del hemisferio, pero al mismo tiempo preservar la autonomía política de México. Si la presidenta Claudia Sheinbaum logra equilibrar firmeza y cooperación, no sólo protegerá la independencia del país, también consolidará su reputación interna como una presidenta capaz de defender los intereses nacionales frente a presiones externas.

De lo contrario, una iniciativa presentada como ofensiva contra el narcotráfico podría terminar redefiniendo el equilibrio de poder en todo el continente latinoamericano.