De Segalmex a ‘La Barredora’: el historial de corrupción que arrastra Morena

El discurso anticorrupción de Morena enfrenta uno de sus momentos más complejos, no solo por investigaciones externas, sino por señalamientos que provienen desde el interior del propio movimiento.

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El 7 de marzo de 2026, el exrepresentante de la Secretaría de Gobernación en Tabasco, Jesús Alí de la Torre renunció al partido guinda al acusar prácticas de corrupción, advirtiendo que es momento de “asumir con valentía el lado de la historia”.

A esta postura se sumó Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, quien también dejó Morena al asegurar que el partido ya no era o que alguna vez prometió. Además denunció traiciones internas y abandono de principios.

Las críticas no solo vienen de quienes han salido del partido. Desde la propia bancada, la diputada Patricia Armendáriz admitió que la corrupción es el principal problema que enfrenta Morena ante la ciudadanía.

“Mi mayor desfestejo es la corrupción. Los funcionarios públicos de Morena no merecemos estar dignamente en un lugar en el que dicen que la corrupción está peor que antes”.

Los casos que han marcado la narrativa de corrupción

Estos recientes reclamos internos han vuelto a poner bajo el reflector el largo historial de escándalos y desfalcos que, durante los últimos años, han comenzado a erosionar la promesa presidencial de erradicar la corrupción.

Segalmex: el mayor desfalco del sexenio

El 18 de enero de 2019, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer que el caso escaló hasta convertirse en el mayor escándalo de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La creación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) marcó el arranque de uno de los proyectos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para garantizar abasto alimentario y precios accesibles. Al frente fue designado Ignacio Ovalle, exdirector de la Conasupo, una figura con trayectoria en el sector público pero también con antecedentes de cuestionamientos por irregularidades en administraciones pasadas.

A partir de 2020 comenzaron a documentarse anomalías graves dentro del organismo. Auditorías y reportes señalaron la operación de una presunta red de corrupción que incluyó contratos con empresas fachada, convenios millonarios irregulares y la desaparición de estados financieros.

En ese entramado, Liconsa , filial de Segalmex, también fue vinculada a manejos opacos de recursos, lo que encendió alertas sobre el uso político y discrecional del presupuesto público.

Para dimensionar la gravedad del caso Segalmex, basta compararlo con la ‘Estafa Maestra’. Aquel esquema desvió alrededor de 7 mil millones de pesos; sin embargo, las irregularidades en la actual institución lo eclipsan al superar los 12 mil millones de pesos.

La ‘Casa Gris’: conflicto de interés y vida de lujo

El caso de la llamada “Casa Gris” involucró a José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, quien habitó una residencia de alto valor económico en Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes.

La polémica surgió debido a que esta empresa mantenía contratos con Pemex, lo que desató sospechas sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.

En 2022, Acción Nacional presentó una denuncia por lo que la Fiscalía General de la República inició una investigación. Aunque no se acreditaron responsabilidades legales, el caso tuvo un fuerte impacto mediático.

El episodio alimentó la narrativa de incongruencia entre el discurso de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y el estilo de vida de López Beltrán.

Sobres amarillos: financiamiento bajo sospecha

Entre 2020 y 2021 salieron a la luz videos donde se observa a Pío López Obrador, hermano del expresidente, recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos de manos de David León Romero, quien se desempeñaba como asesor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Las imágenes desataron una fuerte polémica, pues exhibían prácticas que chocaban frontalmente con la promesa de erradicar la corrupción y transparentar el financiamiento político."

Aunque se argumentó que se trataba de aportaciones ciudadanas para el movimiento, el caso dejó dudas sobre la legalidad y los mecanismos de financiamiento utilizados por Morena en sus primeros años.

Este 17 de marzo, el Tribunal Electoral votó por unanimidad y cerró en definitiva el caso de Pío López Obrador y David León. De acuerdo con los magistrados, no hubo ilícito alguno y no hay pruebas de que el dinero se dirigiera a las campañas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

‘Andy’

“El Clan” es el nombre con el que diversas investigaciones del medio Latinus han identificado a una presunta red de tráfico de influencias ligada a hijos y allegados del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el centro aparecen "Andy" Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, quienes, según los señalamientos, habrían operado mediante círculos cercanos de amigos y colaboradores para acceder a contratos públicos.

Entre los nombres clave figura Amílcar Olán Aparicio, señalado como operador financiero de la red, así como Daniel Asaf, vinculado a la expansión de estos contactos en el ámbito político y administrativo. Las acusaciones apuntan a un esquema de intermediación para influir en decisiones de contratación pública.

Los proyectos señalados incluyen obras estratégicas como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, donde se han denunciado sobrecostos, irregularidades en insumos como el balasto y posibles adjudicaciones dirigidas.

Las investigaciones también mencionan contratos en el sector salud, particularmente en licitaciones del IMSS, lo que ha colocado el caso como uno de los más sensibles en torno a posibles redes de influencia durante el sexenio.

Conade: desvíos, becas retiradas y choques con atletas

La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte estuvo marcada por múltiples señalamientos de corrupción y manejo irregular de recursos.

La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por 279.6 millones de pesos, incluyendo la desaparición de fondos y pagos a supuestos “entrenadores fantasma” sin evidencia de trabajo comprobable.

A ello se sumaron decisiones polémicas como el retiro de becas a atletas de alto rendimiento, quienes denunciaron la falta de apoyos y, en algunos casos, recurrieron a amparos para recuperarlos.

El conflicto escaló con episodios como el de la selección de natación artística, a quienes se les retiró financiamiento, generando críticas por el trato institucional hacia los deportistas.

Además, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló presuntas prácticas de corrupción como la exigencia de “moches” para asignar contratos, así como irregularidades en el manejo de federaciones deportivas. En conjunto, estos casos colocaron a la Conade en el centro del debate sobre transparencia y apoyo al deporte durante el sexenio.

“La Barredora”: crimen organizado y poder político

El caso de “La Barredora” exhibe una presunta red que mezcló crimen organizado y corrupción institucional en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández.

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Investigaciones apuntan a que este grupo, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operaba con protección oficial en actividades como huachicol, extorsión y secuestro.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer el desvío de más de 2 mil 360 millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fantasma.

En el centro de las acusaciones aparece Hernán Bermúdez Requena, conocido como el “Comandante H”, señalado como presunto operador clave de esta estructura.

Actualmente, Bermúdez Requena se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de Almoloya en el Estado de México, el Altiplano.