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Un tribunal federal de Texas absolvió de todos los cargos al empresario mexicano Alexandro Rovirosa, tras determinar que el Departamento de Justicia incurrió en irregularidades procesales

En una resolución que pone de relieve la importancia de la presunción de inocencia, la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, bajo la dirección del Juez Kenneth M. Hoyt, dictó la absolución total del empresario mexicano Alexandro Rovirosa.
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El fallo pone fin al proceso penal United States v. Rovirosa (No. 4:25-cr-00415), determinando que las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia (DOJ) carecían de sustento legal.
La decisión judicial subrayó que el caso del Gobierno estadounidense se vio comprometido por irregularidades procesales críticas.
Entre las deficiencias técnicas y omisiones señaladas por el tribunal destacan:
Desde el equipo legal de Rovirosa se enfatizó que “no había caso” y que la acusación fue una narrativa que se desmoronó frente a la ley al no resistir el análisis jurídico.
“No se puede construir culpabilidad en la opinión pública sin pruebas firmes. Hoy la justicia habló con claridad absoluta, reafirmando que las instituciones funcionan cuando el debido proceso se respeta escrupulosamente”, indicó el entorno del empresario.
Alexandro Rovirosa es un empresario mexicano y excontratista de Pemex, cuyo caso ha cobrado relevancia internacional tras enfrentar un litigio transnacional bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Tras un proceso que generó amplia atención mediática y política —incluyendo menciones en las conferencias matutinas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum—, Rovirosa ha quedado plenamente exonerado y libre de cargos.

La absolución de Rovirosa representa un hito sin precedentes: es apenas la cuarta ocasión en 50 años en la que un proceso vinculado a la FCPA es revocado o desestimado tras una acusación formal.
Dado que las estadísticas de condenas bajo esta ley suelen ser sumamente elevadas por el rigor del DOJ, este fallo sienta un precedente crítico sobre el control judicial ante posibles excesos en investigaciones transnacionales.
Su defensa fue encabezada por un equipo legal de élite de la firma McConnell & Finder, especializada en investigaciones transnacionales.