
Foto: Redes
Morena desató críticas contra Sergio Mayer por pedir licencia para participar en un reality show, pero cerró filas en defensa de Rubén Rocha Moya ante señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Morena enfrenta cuestionamientos por la aparente disparidad en los criterios con los que ha reaccionado ante distintos casos que involucran a integrantes de sus filas. Mientras el partido movilizó a buena parte de su estructura para criticar al diputado Sergio Mayer por solicitar permiso para participar en un reality show televisivo, la dirigencia adoptó una postura mucho más cautelosa frente a las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico que pesan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Esta diferencia de trato ha sido señalada por analistas y actores políticos como una muestra de las contradicciones internas del movimiento.
En el caso del gobernador con licencia sinaloense, Morena cerró filas en su defensa y apeló al principio de presunción de inocencia, argumentando que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas que sustenten los señalamientos. El contraste entre ambas posturas ha alimentado el debate sobre la congruencia del discurso partidista y los criterios utilizados para sancionar o respaldar a sus militantes.
El diputado y también actor, Sergio Mayer pidió permiso a Morena y licencia al Congreso para participar en un reality show televisivo, por lo cual se ausentó de sus labores legislativas por más de un mes, hecho que ocasionó diversos problemas con la fuerza guinda.

En pleno arranque de debates importantes en la Cámara de Diputados, Mayer Bretón pidió licencia por tiempo indefinido a su cargo como diputado federal, misma que se aprobó la tarde del 17 de febrero de 2026.
Diversos legisladores morenistas criticaron que Sergio Mayer dejará su curul para participar en la televisión, incluso hubo quienes aseguraron que “no representaba a Morena” y algunos otros hasta se burlaron de él como el diputado federal Gabriel García quien compartió un video de la oficina de Sergio Mayer con las luces apagadas y en silencio desde que ingresó al reality.
En ese momento algunos miembros de la dirigencia nacional de Morena afirmaron que el diputado “violó los estatutos internos” al priorizar su carrera artistica por encima de su labor legislativa e incluso pidieron su expulsión.
Otros, como el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconocieron el derecho del legislador a reincorporarse, pero subrayaron que la organización interna contaba con la facultad para determinar la permanencia de sus miembros.
Se le inició un proceso sancionador y sus derechos partidistas se encontraban suspendidos por anteponer un proyecto televisivo a sus responsabilidades legislativas, como parte de un proceso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda.
La entonces dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que Sergio Mayer no podría retomar su lugar en la bancada oficialista tras su participación en el reality show tras la resolución de la militancia.

“Él tendría el derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho desde nuestra organización y desde la Comisión de Honestidad y Justicia, de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena”, explicó Alcalde en su momento.
Tras su salida del reality show, Sergio Mayer regresó a ocupar su curul, le cerraron la oficina a su suplente Luis Morales Flores y le pidieron sacar sus cosas de la Cámara de Diputados.
Además, Mayer confesó que ya había hablado previamente con Luisa Alcalde sobre su decisión de ir al reality show, pero la líder de Morena no le dijo nada relevante.
Tras la controversia generada por su ausencia y las críticas hacia su labor legislativa por parte de morenistas, Mayer terminó por presentar su renuncia a Morena de carácter “irrevocable”.
“Hubo temas de maltrato innecesario. Creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas, que no tengo ni que decirlos. No tengo ninguna necesidad de ello. Te lo dicen: ‘Para estar en la política hay que tragar sapos’, pero yo no tengo que tragar sapos ajenos”, comentó Mayer al hablar de su salida del partido ante representantes de medios de comunicación.
Mayer también aseguró que su renuncia tuvo que ver con “temas personales de reflexión interna”, y que no se dio por las críticas a su solicitud de licencia para participar en el programa de televisión, ni tampoco por supuestos problemas legales en México o Estados Unidos.
Asimismo subrayó que aunque salió del partido seguía apoyando al movimiento y respaldando a la Presidencia.
El gobernador con licencia de Sinaloa está en la mira de Estados Unidos, tras ser acusado formalmente por el Departamento del Tesoro de narcotráfico por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Rocha Moya enfrentaría cadena perpetua en Estados Unidos y se le acusa también de por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.
Según el periodista, Mario Maldonado, la salida de Rubén Rocha Moya del gobierno de Sinaloa habría obedecido a una instrucción directa para contener el costo político de las investigaciones, en medio de señalamientos que lo vinculan con presuntos apoyos de “Los Chapitos” durante la elección de 2021.
Actualmente, el gobernador también enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que autoridades de Estados Unidos solicitaran una detención provisional con fines de extradición.

Sin embargo, dicho procedimiento no se ha concretado, ya que las autoridades mexicanas han señalado que hasta el momento no se han presentado las pruebas necesarias para sustentar la petición.
De acuerdo con el Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos, una vez que una persona requerida es detenida, el país solicitante dispone de un plazo máximo de 60 días para entregar la documentación correspondiente. Además el gobierno de Estados Unidos ha señalado recientemente que existe mucha evidencia contra Rocha Moya.
Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y una facción del crimen organizado continúan generando debate público, aunque hasta el momento no han derivado en sanciones políticas dentro de Morena.
Pese a la presión y los cuestionamientos de distintos sectores, la dirigencia nacional del partido ha optado por mantener su respaldo a los personajes señalados mientras no exista una resolución oficial de las autoridades competentes.
Recientemente, Morena dejó claro que el gobernador con licencia de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza y el funcionario Juan de Dios Mendívil permanecerán en sus filas mientras la Fiscalía General de la República (FGR) no concluya las investigaciones en curso.
La postura fue expresada por la dirigente nacional, Ariadna Montiel, quien sostuvo que ninguna expulsión puede basarse únicamente en acusaciones o señalamientos sin sustento legal comprobado.
“Vamos a estar atentos y atentas a las investigaciones que ya está haciendo la Fiscalía general, por eso los han citado, han acudido, y vamos a esperar el resultado. Mientras tanto, están separados del cargo, porque una cosa es la militancia en Morena, pero lo más importante es la atención al pueblo de Sinaloa”, agregó Montiel.
Montiel explicó que el partido considera indispensable respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que cualquier decisión deberá sustentarse en los resultados de las investigaciones federales.

En ese sentido, insistió en que será la FGR la encargada de determinar si existen elementos suficientes para acreditar alguna responsabilidad de los funcionarios mencionados, y solo entonces Morena evaluará las medidas que correspondan.