EUA acusa a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico, armas y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA), quienes señalan que los implicados habrían conspirado con líderes del cártel para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

Además de Rocha Moya, los señalados son:

• Enrique Inzunza Cazárez, senador de Morena
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finansas de Sinaloa
• Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
• Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
• Gerardo Mérida Sánchez
• José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”)
• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”)

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De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, el caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Señalan protección institucional al Cártel de Sinaloa

Según la acusación, los funcionarios habrían utilizado sus cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones de seguridad para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”.

El fiscal estadounidense, Jay Clayton, aseguró que el funcionamiento del cártel depende en gran medida de redes de corrupción dentro de los gobiernos.

“El Cártel de Sinaloa no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina”, afirmó.

Según las investigaciones, los acusados habrían facilitado información confidencial, evitado operativos, protegido cargamentos de droga y permitido el tránsito de narcóticos como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

Acusaciones incluyen violencia, secuestros y asesinatos

El expediente también detalla que algunos de los implicados habrían participado directamente en actos de violencia vinculados al cártel, incluyendo secuestros y asesinatos.

Uno de los casos más graves involucra a Juan Valenzuela Millán, señalado de colaborar en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.

Asimismo, se acusa a mandos policiales de utilizar corporaciones locales, como la Policía Municipal de Culiacán, para ejecutar acciones en favor del grupo criminal, incluyendo detenciones, desapariciones y control territorial.

Rocha Moya, acusado de recibir apoyo electoral del narco

La acusación también sostiene que Rubén Rocha Moya habría llegado a la gubernatura con apoyo del crimen organizado.

De acuerdo con el documento, miembros del Cártel de Sinaloa habrían intervenido en el proceso electoral mediante intimidación y secuestro de rivales políticos para favorecer su triunfo en 2021.

A cambio, ya como gobernador, Rocha Moya presuntamente se habría comprometido a permitir la operación del grupo criminal con impunidad en el estado.

Sobornos millonarios y red de complicidades

Las autoridades estadounidenses aseguran que los acusados recibieron millones de dólares en sobornos provenientes del narcotráfico.

Entre los señalamientos destaca el caso de Dámaso Castro Saavedra, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía pagos mensuales para alertar al cártel sobre operativos y evitar detenciones.

La DEA también afirmó que esta red de corrupción permitió consolidar a Sinaloa como uno de los principales centros de operación del narcotráfico a nivel global.

“Los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”, señaló el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Golpe a la estructura política-criminal

Esta acusación forma parte de una serie de investigaciones iniciadas desde 2023 contra integrantes del Cártel de Sinaloa y sus redes de apoyo.

Hasta ahora, más de 30 personas han sido imputadas en Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas y delitos relacionados.

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Las autoridades estadounidenses subrayaron que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero advirtieron que continuarán las acciones contra funcionarios que colaboren con organizaciones criminales.