Javier Duarte concluye sentencia de 9 años, pero permanecerá en prisión por nuevo proceso

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, ha finalizado legalmente su condena de nueve años de cárcel impuesta por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Sin embargo, el exmandatario no recuperará su libertad de manera inmediata y permanecerá interno en el Reclusorio Norte, al menos hasta el mes de agosto, debido a un nuevo frente jurídico abierto por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con información difundida por el periodista Enrique Hernández Alcázar para W Radio, basada en documentos obtenidos por el periodista Arturo Angel, la situación jurídica de Duarte dio un giro tras la imposición de una nueva medida de prisión preventiva oficiosa.

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Esta nueva acusación se apoya, en gran medida, en el testimonio de su extesorero, Antonio Tarek Abdalá, una prueba que ya ha sido señalada por la defensa y cuestionada previamente por un juez por presentar irregularidades en su origen.

Según documentos de una sentencia de amparo fechada el 10 de abril de 2026, un juez federal determinó que la comparecencia de Tarek Abdalá realizada en agosto de 2018 “es ilegal” y, por ende, “no podrá considerarse como elemento probatorio” en contra de los implicados. Esta resolución judicial señala que el testimonio que ha servido de base para diversos casos contra la administración de Duarte presenta irregularidades en su origen.

Antecedentes: el proceso por desvío de recursos de salud en febrero

El freno a la posible salida de Duarte de Ochoa comenzó a gestarse el pasado 12 de febrero. En una audiencia que se prolongó por casi siete horas en las instalaciones del Reclusorio Norte, un juez de control decidió vincularlo a proceso por peculado, tras la imputación del presunto desvío de 5 millones de pesos.

Según la carpeta de investigación presentada por la fiscalía, dichos recursos estaban originalmente etiquetados para obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores. No obstante, la FGR sostiene que el exgobernador encabezaba una red de funcionarios que utilizaba fondos federales de desarrollo para redirigirlos al pago de nóminas y salarios de trabajadores del estado.

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En dicha diligencia, realizada apenas dos meses antes de que concluyera su condena previa, el juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y confirmó que el imputado debe permanecer bajo la medida de prisión preventiva justificada.