Agentes de la CIA en México: 5 claves para entender el conflicto entre la Federación y Chihuahua

Lo que comenzó como un accidente carretero en la sierra de Chihuahua rápidamente escaló a un caso de alto impacto binacional. Cuatro personas murieron tras la caída de un convoy a un barranco, dos investigadores locales y dos agentes de la CIA, según confirmó The Associated Press, detonando una crisis que hoy tensiona la relación entre México y Estados Unidos, pero también una rispidez, entre el gobierno oficialista y uno de oposición.

Los agentes de la CIA presuntamente participaron en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas, el mayor detectado hasta ahora en la zona. Lo que parecía un episodio más en la lucha contra el narcotráfico pronto se transformó en un caso incómodo, cargado de implicaciones políticas.

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El foco del problema no ha sido únicamente el siniestro, sino la confusión posterior. Durante varios días, las versiones contradictorias entre autoridades estatales y federales generaron incertidumbre sobre lo ocurrido, alimentando dudas sobre la legalidad del operativo y la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.

En medio de la controversia, el Gobierno Federal sostuvo que nunca fue informado sobre la participación de agentes de la CIA. Aunque el Ejército sí intervino en el operativo a solicitud de autoridades estatales, la notificación por parte del gobierno de Chihuahua habría sido clave.

¿Qué hacían los agentes de la CIA en territorio mexicano?

El primer quiebre vino con la identidad de los fallecidos. Su pertenencia a la CIA fue confirmada de manera extraoficial, abriendo la pregunta central: ¿qué hacían agentes de inteligencia estadounidense en territorio mexicano, y bajo qué autorización? La respuesta, lejos de aclararse, se enredó.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una línea clara: en México, la presencia de agentes extranjeros en operaciones de campo no está permitida sin autorización federal.

“No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo... Esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos”, sostuvo. Para su gobierno, el problema no es menor: se trataba de una posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Pero la crítica no se dirigió primero hacia Washington, sino hacia el gobierno panista de Chihuahua. La mandataria apuntó directamente a las autoridades estatales, señalando que la colaboración con agencias estadounidenses se habría gestionado sin informar al Gobierno Federal.

“Lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno el gobierno del estado de Chihuahua o la fiscalía del estado de Chihuahua, a una agencia de Estados Unidos, para realizar operaciones”, explicó.

El señalamiento fue más allá, subrayando la irregularidad del procedimiento y la colaboración del gobierno panista con EUA y sin informar a su administración.

“Es una declaración que hace, diciendo que están pidiendo ellos y tienen una colaboración con el gobierno de Estados Unidos y las agencias, o sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad de Chihuahua. Lo ha dicho el fiscal general de justicia del Estado de Chihuahua.

La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal y eso está en contra de la constitución y de la ley de Seguridad Nacional”, dijo.

En paralelo, desde Estados Unidos la reacción fue más emocional que técnica. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió públicamente “un poco más de empatía” ante la muerte de los agentes, aludiendo al esfuerzo de Washington contra el narcotráfico: “teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo con este presidente para detener el flagelo del tráfico de drogas a través de México”, aseguró.

El problema es que no se trata sólo de un accidente, sino de los límites de la cooperación bilateral en seguridad.

En Chihuahua, las versiones se contradicen

El fiscal estatal, César Jáuregui, aseguró inicialmente que los agentes estadounidenses habían participado en el operativo contra el laboratorio y murieron al regresar. Un día después, corrigió: “los funcionarios de la embajada se habrían sumado después de la acción”. Dos versiones incompatibles en menos de 24 horas, que dejaron más preguntas que certezas

El contexto añade otra capa de complejidad. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se establecieron restricciones claras a la operación de agentes extranjeros, obligándolos a reportar sus actividades.

Esa normativa sigue vigente; sin embargo, la administración de Sheinbaum ha apostado por una cooperación más estrecha con Washington, aunque sin ceder en el control operativo en territorio nacional.

A esto se suman antecedentes incómodos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha presumido acuerdos directos con gobiernos estatales del norte de México, incluyendo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; en su momento a Miguel Riquelme Solís, cuando era gobernador de Coahuila y Samuel García, el gobernador de Nuevo León, para reforzar la seguridad fronteriza.

“Estos memorandos con Chihuahua y Coahuila representan otro paso histórico del estado de Texas para resolver la crisis fronteriza, mantener seguras a nuestras comunidades, negociar con nuestros socios en México y llenar los vacíos dejados por la inacción del gobierno de Biden”, declaró.

Dichos acuerdos, aunque enfocados en cooperación, abren la puerta a relaciones paralelas que presuntamente eluden al Gobierno Federal mexicano.

Gobierno Federal no sabía de la presencia de los agentes

La Secretaría de la Defensa Nacional, según la propia presidenta, no tenía conocimiento de la participación de los extranjeros.

“No eran ciudadanos mexicanos y no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua”, explicó Sheinbaum. La respuesta institucional fue inmediata: una carta de “extrañamiento” al embajador estadounidense, exigiendo información.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzó la postura oficial: “nunca ha habido agentes extranjeros participando físicamente en un operativo federal. No nos lo permite la ley”.

Y matizó el alcance de la cooperación: “Ha habido siempre un intercambio de información constante. Pero es muy importante mencionar que en todos los operativos que muchas veces aquí hemos presentado, aún cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del gabinete de seguridad en campo. Lo que tenemos conocimiento es lo que salió a decir el fiscal general de Chihuahua que salió a mencionar que no habían participado en un operativo”.

Senado llama a comparecer a Maru Campos

El Senado de la República acordó citar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal César Jáuregui a una reunión de trabajo para esclarecer la presencia de agentes de la CIA en operativos de seguridad, en medio de cuestionamientos por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y falta de coordinación con el gobierno federal.

La decisión de llamarla a comparecer fue aprobada por mayoría en comisiones como parte de un mecanismo de control político ante un caso que ha generado preocupación por su relevancia constitucional.

El tema detonó un fuerte choque político entre Morena y la oposición: mientras legisladores oficialistas acusan inconsistencias y posible encubrimiento por parte del gobierno de Chihuahua, el PAN defendió a la mandataria y exigió que también comparezcan gobernadores de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Además, senadores opositores cuestionaron si la responsabilidad real recae en autoridades federales, planteando dudas sobre si el gobierno tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en el país.

Maru Campos se reúne con Harfuch

Este jueves la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para hablar sobre la colaboración de agentes de la CIA en el estado.

Previamente, la mandataria de Chihuahua solo había hablado del desmantelamiento de un mega laboratorio, para luego dar sus condolencias por la muerte de los agentes de la CIA.

“Esto se trata del desmantelamiento más grande de un laboratorio de metanfetaminas. Eso es un gran logro del Ejército Mexicano y de la Fiscalía en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Aprovecho para comentar que la servidora ya ha solicitado la reunión con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el tema”, explicó Maru Campos.

Al respecto la presidenta informó que buscó personalmente a la gobernadora panista para hablar sobre el tema y ella, simplemente no estaba disponible.

Posteriormente Maru Campos se reunió con García Harfuch, encuentro que duró menos de una hora, luego se le vio a la la mandataria local salir del lugar sin dar declaraciones al respecto.