
Foto: Cuartoscuro
Tras las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Mora y 9 políticos de Morena, el PAN propone desaparecer los poderes en Sinaloa y señala una “crisis de Estado”.

El Partido Acción Nacional exigió la desaparición de poderes en Sinaloa, tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa y delitos contra la salud.

En un comunicado el PAN indicó que las acusaciones confirman una situación que desde hace tiempo han señalado y que ahora adquiere una dimensión institucional.
La fuerza opositora advirtió que no se puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir el crimen estén bajo sospecha de estar de su lado.
Subrayaron que un gobierno bajo ese nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones de enfrentar la crisis de violencia que se vive en el estado ni para garantizar la tranquilidad de las familias.
En ese contexto, el PAN consideró que el Senado de la República debe evaluar de manera inmediata esta medida contemplada en la Constitución para escenarios extraordinarios.
“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló Acción Nacional en un comunicado.
En el comunicado además el partido blanquiazul se lanzó contra el oficialismo, y aseguró que lo que durante años negó hoy queda materializado en la acusación formal que hizo Estados Unidos y que es eso lo que lo convierte en algo más que un escándalo político.
“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la desaparición de poderes es una figura constitucional que se aplica cuando las autoridades de una entidad federativa pierden la capacidad de ejercer sus funciones. En términos prácticos, implica la remoción del titular del Poder Ejecutivo estatal.
En caso de que se declare esta condición, el Senado tiene la facultad de designar a un gobernador provisional, a partir de una terna propuesta por la Presidencia de la República y con el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores.
Esta medida está prevista en el artículo 76, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y puede aplicarse en situaciones como la violación a los principios del sistema federal, el abandono de funciones sin causa justificada, la incapacidad física para gobernar, la prolongación indebida del mandato o la adopción de una forma de gobierno distinta a la establecida por la ley.
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La exigencia del PAN abre un nuevo capítulo en la tensión política en torno a Sinaloa, en un contexto marcado por señalamientos internacionales, confrontación partidista y cuestionamientos sobre la eficacia de las autoridades locales frente al crimen organizado.