
El titular de la SEP, Mario Delgado, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, son algunos morenistas acusados de corrupción - Foto: Cuartoscuro
El partido Morena se encuentra en una situación complicada luego de que políticos que pertenecen a la fuerza son acusados de narcotráfico y huachicol fiscal.

El combate a la corrupción, bandera principal en la identidad política de Morena, enfrenta un desgaste constante ante los recurrentes señalamientos de narcotráfico y huachicol fiscal contra figuras del oficialismo.
Sin embargo, el fenómeno criminal ha alcanzado una dimensión transpartidista. La reciente detención de Ernesto Ruffo Appel, histórico exgobernador del PAN y socio de la empresa Ingemar, demuestra que las redes del contrabando de combustibles no distinguen colores. Lejos de aligerar la presión sobre el gobierno, el caso Ruffo entrelaza a empresarios de la oposición con carpetas de investigación de la FGR que tocan las estructuras de la Secretaría de Marina y al entorno familiar del sexenio anterior,
Al tratarse de delitos que implican evasión fiscal y redes ilegales de gran escala, el costo político puede ser alto, especialmente en un contexto electoral donde la percepción de integridad es clave.
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Diversos políticos de Morena han sido señalados en investigaciones o versiones periodísticas por presuntos nexos con el crimen organizado, entre ellos, Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal e incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque en varios casos no existen acusaciones formales, los señalamientos han generado un desgaste político constante.

El caso más reciente, son las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico, donde incluso piden su extradición.
De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, Rocha Moya y otros nueve funcionarios clave del gobierno estatal como el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de Sinaloa (con licencia) y Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno, quienes habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Sin embargo, el caso Rocha Moya no es el único, ya que hay otros morenistas que han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado.
El problema del huachicol fiscal en Morena radica en que los señalamientos contra algunos de sus integrantes por presunta participación en redes de contrabando de combustibles y evasión de impuestos contradicen el discurso anticorrupción con el que el partido llegó al poder.
Uno de los casos más recientes radica en las declaraciones del diputado del Partido Verde, Mario López Hernández, de que existe una red de huachicol fiscal que involucraría a Mario Delgado y Américo Villareal.

Tanto en el caso del titular de la SEP y el gobernador de Tamaulipas han sido vistos en imágenes con Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien presuntamente habría financiado campañas políticas en el noreste del país.
Otros morenistas que han sido señalados o vinculados a presuntos casos de huichol fiscal son:
Más allá de la veracidad de cada acusación, el impacto en la opinión pública es evidente y representa un desafío para un partido que construyó su identidad en torno al combate a la corrupción.