Sin reciprocidad

La presidenta Sheinbaum ha presentado información que señala que, del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha formulado 269 peticiones de extradición al gobierno de Estados Unidos, sin que éste haya entregado a nadie. Del total, 36 extradiciones se negaron mientras que “233 permanecen pendientes”. La presidenta añadió: “En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición pendientes de concluir, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional”.

El argumento es claro. Al negar la detención provisional con fines de extradición en contra de los 10 de Sinaloa, un grupo de políticos de Morena acusados por el gobierno de Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico, Sheinbaum está actuando igual que Washington. La mandataria tiene razón desde un punto de vista jurídico; en este caso, como en todos, los dos países deberían atenerse al mismo trato legal.

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Sin embargo, será difícil que el presidente Trump y su gobierno acepten este argumento de reciprocidad. Washington considera que el narcotráfico, particularmente el de fentanilo, no es un simple crimen, sino un acto de terrorismo que pone en peligro la seguridad nacional. Difícilmente aceptará Trump, por ejemplo, un acuerdo para que Mexico extradite a la Unión Americana al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya a cambio de que se entregue a México al exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Ayer en París, en la quinta reunión internacional de financiación al terrorismo, conocida como “No Money for Terror”, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una advertencia a los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): “Nuestros socios en todo el mundo tendrán que responder con la fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el cártel de Sinaloa”. La presidenta de GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, añadió: “Los terroristas no respetan ninguna frontera. No tienen ningún límite. Por tanto, los países no pueden permitirse el lujo de no trabajar juntos. Debemos cooperar”.

Al designar al cártel de Sinaloa y a otras cinco organizaciones criminales mexicanas como terroristas, Estados Unidos ha descartado cualquier posibilidad de evadir las acciones contra el narco. No es una cuestión de quid pro quo; quienquiera que se niegue a combatir el terrorismo corre el riesgo de ser apartado del sistema legal y financiero internacional.

Al presidente Trump no le va a importar que México haya presentado 269 solicitudes de extradición sin que Washington haya concedido una sola. Nunca se ha inclinado por mostrar equidad ante el resto del mundo. Para él lo importante es que ha designado a varios grupos de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas, en especial al Cártel de Sinaloa, y que su Departamento de Justicia ha presentado acusaciones para detener y extraditar a 10 políticos mexicanos por su presunta colaboración con él. Trump exigirá que se le entreguen esos políticos y, si no, tomará medidas drásticas para forzar a México a hacerlo.

No sería la primera vez que México se ajusta a las exigencias de Trump sin importar la ley mexicana. El gobierno nacional entregó a Estados Unidos a 92 reos mexicanos recluidos en cárceles nacionales sin pasar por una extradición. Fue una decisión pragmática, para quedar bien con Trump, pero ilegal.

Hoy la presidenta Sheinbaum tiene que considerar que Rubén Rocha Moya es un político muy cercano a López Obrador, el líder máximo de la 4T; pero el costo de desatender la petición del gobierno de Trump podría ser demasiado alto… para ella y para el país.

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