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Arizona mantiene bajo observación los reportes que señalan a funcionarios mexicanos, entre ellos Alfonso Durazo y Américo Villarreal, de presuntos nexos con la delincuencia.

El gobierno de Arizona calificó como “inaceptable”, la acusación que involucra a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, de presuntos vínculos con el crimen organizado.
La reacción se produce luego de que Los Ángeles Times difundiera versiones sobre una supuesta revocación de visas estadounidenses y posibles investigaciones federales contra ambos mandatarios estatales. Sin embargo, tanto Durazo como Villarreal rechazaron públicamente estas versiones y aseguraron que la información es falsa.
Al ser cuestionada sobre el tema, la vocera del gobierno de Arizona, Lilian Soto, señaló que las autoridades estatales se mantienen atentas al desarrollo de la situación, debido a la estrecha relación económica y comercial que existe entre México y Arizona.
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La funcionaria destacó que el estado mantiene una colaboración histórica con México y que cualquier señalamiento relacionado con el crimen organizado debe ser tratado con responsabilidad y apego a la ley.
“Hemos visto los reportes sobre funcionarios mexicanos y estamos monitoreando la situación de cerca. México es nuestro principal socio comercial internacional, mantenemos una relación histórica muy importante. Cualquier vínculo con el crimen organizado sería inaceptable, y cualquier persona que resulte culpable debe responder ante la ley”.
La declaración refleja una postura de cautela por parte de las autoridades de Arizona, que han optado por dar seguimiento a la información disponible sin adelantar conclusiones ni emitir señalamientos directos contra algún funcionario mexicano.
El tema ha generado atención debido a la relevancia de las entidades involucradas en la relación bilateral con Estados Unidos. Sonora mantiene una estrecha cooperación con Arizona en proyectos de infraestructura, logística y cadenas de suministro, mientras que Tamaulipas es una de las principales puertas de entrada para el comercio entre ambos países.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado oficialmente la revocación de visas o la existencia de investigaciones en contra de los gobernadores mencionados, quienes continúan rechazando las acusaciones y sostienen que sus documentos migratorios permanecen vigentes.