PAN denuncia a AMLO ante la Corte Penal Internacional por crisis de seguridad

La dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que se inicien investigaciones sobre las responsabilidades institucionales que derivaron en la actual crisis de seguridad pública en México.

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A través de un video compartido en sus redes sociales, el líder nacional, Jorge Romero, acompañado por el abogado Roberto Gil Zuarth y el diputado Germán Martínez, desglosó los argumentos jurídicos y políticos que sustentan el recurso internacional interpuesto este 7 de junio de 2026.

Acusan colusión por la estrategia de ‘abrazos no balazos’

La representación panista argumentó que las condiciones delictivas en el territorio nacional corresponden a una directriz política planificada.

En el desglose de la denuncia, se señaló directamente la implementación de la estrategia denominada “abrazos, no balazos” impulsada por Andrés Manuel López Obrador, a la cual atribuyeron un saldo estadístico de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, así como el desplazamiento forzado de comunidades y la pérdida de control territorial frente a organizaciones criminales.

Según los panistas, la omisión deliberada en el combate a las estructuras delictivas por parte del gobierno de López Obrador facilitó que los cárteles acumularan recursos financieros, armamento e influencia regional.

Los denunciantes sostuvieron que este escenario de narcopolítica derivó en la infiltración de la delincuencia en el ámbito político, mencionando la existencia de indagatorias y señalamientos que vinculan con facciones criminales a los gobernadores morenistas:

• Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán
• Alfonso Durazo de Sonora
• Américo Villarreal de Tamaulipas
• Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, quien solicitó licencia tras ser acusado por Estados Unidos de supuestos vínculos con Los Chapitos.

Señalan pérdida de autonomía en el sistema judicial de México

Los liderazgos del PAN justificaron el traslado del caso a los tribunales internacionales de La Haya al afirmar que en el ámbito interno no existen las garantías necesarias para efectuar una investigación independiente.

En su posicionamiento, explicaron que las fiscalías locales carecen de autonomía operativa y afirmaron que el Poder Judicial de la Federación sufrió una captura política por parte del partido oficialista Morena, lo que vulneró la confianza ciudadana en la impartición de justicia.

La denuncia internacional exige deslindar las responsabilidades de los servidores públicos y del propio expresidente, quienes ejercieron una aparente permisividad frente al reclutamiento de jóvenes y los actos de terrorismo cometidos por células delictivas.

Los panistas concluyeron que el fortalecimiento de los grupos criminales genera responsabilidades legales que deben ser sancionadas externamente, bajo la premisa de que nadie, ni siquiera un exmandatario federal, puede posicionarse por encima de los marcos normativos vigentes.