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Tribunal inhabilitó por 20 años al diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, por presuntas irregularidades en el programa Beca Futuro 2018.

El Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) resolvió inhabilitar por 20 años al diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, al determinar su responsabilidad por el presunto desvío de recursos vinculado al manejo del Programa Beca Futuro en 2018, cuando se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social y Humano durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.
De acuerdo con el expediente PRA-0011/2025-I, la autoridad concluyó que existieron actos ilícitos en la entrega de recursos por un monto total de 5 millones 636 mil 600 pesos, correspondientes a apoyos que habrían sido asignados fuera de los lineamientos del programa.
La resolución detalla que los recursos fueron entregados a 2 mil 24 personas que no contaban con la validación del Comité Técnico del programa, instancia encargada de autorizar los beneficiarios. Además, se señala que no existe certeza de que dichos recursos hayan sido reintegrados ni comprobación suficiente de su correcta aplicación.
Otro de los señalamientos centrales del fallo es que los pagos habrían sido canalizados a través de presuntas asociaciones civiles que no estaban legalmente constituidas, lo que, según la auditoría, impidió garantizar la trazabilidad y legalidad del uso del recurso público.

La sentencia, emitida el 17 de junio de 2026 y notificada el 19 del mismo mes, no solo establece la inhabilitación por dos décadas para ocupar cargos públicos, sino que también ordena el pago de la misma cantidad observada: 5 millones 636 mil 600 pesos, por concepto de daños y perjuicios a la hacienda pública.
El expediente también involucra a otros exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en el mismo periodo: María Teresa Madrigal Alanís, exdirectora de Desarrollo de la Economía Social, y Gerardo García Ambriz, quien fungió como delegado administrativo, a quienes se les atribuyen responsabilidades administrativas en el esquema observado.
Tras darse a conocer la resolución, Barragán Vélez rechazó que la decisión sea definitiva y aseguró que recurrirá a todas las instancias legales para impugnarla.
El legislador sostuvo que la resolución “no es firme ni definitiva” y acusó que el caso ya había sido revisado previamente, por lo que consideró irregular su reapertura. Afirmó además que se trata de un intento de construir una narrativa política a partir de un fallo de primera instancia, el cual —dijo— puede ser revisado o revocado por tribunales superiores.
Sobre los señalamientos relacionados con las asociaciones civiles utilizadas para la dispersión de recursos, Barragán argumentó que dichas organizaciones ya habían operado en administraciones anteriores, incluso desde el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, recibiendo apoyos institucionales.
Asimismo, cuestionó la imparcialidad del proceso, al señalar que la resolución habría sido emitida por una magistrada con vínculos personales con un actor político con el que ha tenido diferencias.
“Esta resolución no me va a detener. Vamos a defender mi nombre, mi honor y mi trayectoria en todas las instancias necesarias”, afirmó el legislador.
El caso continúa en desarrollo, en espera de las impugnaciones que el diputado anunció presentará ante instancias superiores para intentar revertir la sanción.