El extraño caso de Marina del Pilar

Nada parece indicar que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila vaya a correr la misma suerte que su correligionario, el defenestrado sinaloense Rubén Rocha Moya. Le quedan 16 meses en el cargo, que protestó en octubre de 2021, y en la lista de objetivos del Departamento de Justicia hay varios personajes delante de ella.

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Sin embargo, lo que Ávila Olmeda ha vivido en el último año no deja de levantar todo tipo de suspicacias respecto a su administración y su persona.

La debacle comenzó a finales de abril del 2025, cuando a su entonces cónyuge y coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana, Carlos Torres, le fue denegada la entrada a los Estados Unidos y notificada la cancelación de su visa. En medio de especulaciones, Marina del Pilar Ávila esperó hasta al 10 de mayo del 2025 para hacer público que a ella también le había sido revocado el documento y que no podría más viajar a ese país aún siendo la gobernadora de un estado fronterizo.

En todo momento la mandataria minimizó el veto como un asunto administrativo y sostuvo que “ella estaba tranquila y que con la frente en alto seguía trabajando”.

La “tranquilidad” duró hasta octubre de ese año, cuando anunció su divorcio de Carlos Torres Torres, quien para esa fecha ya había renunciado a su cargo como coordinador en Tijuana y era ahora objeto de una investigación por parte la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se le señala a él y a su hermano Luis Alfonso como parte de una red de protección política para la facción del Cártel de Sinaloa que opera en la entidad.

Con todo, el asunto fue perdiendo interés público ante los constantes escándalos, que son prácticamente la nueva normalidad en la vida política del país, hasta el lunes 22 de junio cuando el periodista Héctor de Mauleón reveló en su columna de El Universal el audio de una conversación telefónica en la que se escucha a la gobernadora de Baja California conversar con presuntos “asesores externos del FBI” sobre la contratación del abogado Michael Nadler para ayudarla a negociar las probables “sanciones y cargos” en su contra por parte de las autoridades estadounidenses.

De nueva cuenta Marina del Pilar Ávila restó importancia a la información difundida, vaya, ni siquiera mostró alarma o indignación por la vulneración de sus comunicaciones privadas. La gobernadora confirmó la conversación, pero matizó que ésta se dio en el contexto de las gestiones para recuperar su visa e informó que el abogado, aquel que buscó “lejos de Baja California para que no hubiera alguna filtración”, ya no era parte de su equipo legal.

Las declaraciones de la primera gobernadora bajacaliforniana generan más dudas que certezas.

¿A quién le intervienen y le hacen pública una conversación telefónica sensible, se queda tan tranquila y no presenta de inmediato una denuncia?

¿La gobernadora en realidad considera que alguien va a creer que las mismas autoridades que le cancelaron la visa ahora la buscan para solucionarle el “inconveniente”?

¿Con qué “agencias” ha estado en comunicación e incluso se ha reunido en el consulado de Tijuana? ¿La DEA, la CIA, el FBI, la ATF, el DHS, el CBP, el ICE, la NSA, la CISA, cuáles “agencias”?

Y tal vez la más importante de todas. ¿Quién contrata a un abogado especializado en casos de prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero, delitos financieros y violaciones a la ley de valores para un “problema administrativo” con su visa, a razón de 700 dólares la hora?

Lo más probable es que las respuestas a estas y otras preguntas lleguen de los Estados Unidos cuando así convenga a sus intereses, pero eso sí, puede darse casi por seguro que será antes de que la FGR presente algún avance en su investigación sobre los hermanos Torres Torres y el grado de involucramiento de la gobernadora Marina del Pilar.

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