La ruta del huachicol fiscal: Así es como los cárteles financian campañas políticas, según EUA

Las ganancias obtenidas por el huachicol fiscal ya no sólo fortalecen las operaciones del crimen organizado, también sirven para financiar campañas en México y ampliar redes de corrupción, acusó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un reporte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte, el tráfico de combustibles se ha consolidado como una de las “cajas chicas” más lucrativas para organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

“Los cárteles utilizan cada vez más estas ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas y a medios de comunicación con el fin de ayudar a elegir a políticos corruptos”, advierte el informe de FinCEN.

El documento sostiene que este mecanismo permite a las organizaciones criminales consolidar redes de protección política que facilitan sus operaciones y reducen los riesgos de investigación o persecución por parte de las autoridades.

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Paso a paso: La ruta del financiamiento electoral según EUA

El informe del Departamento del Tesoro reveló un esquema de operaciones entre los grupos criminales para impulsar y promover a candidatos con el objetivo de ganar en contiendas electorales, a través del financiamiento a sus campañas que se realiza con las ganancias obtenidas del huachicol fiscal.

• Fase 1. Compra del combustible en Estados Unidos

Los grupos criminales adquieren gasolina, diésel o nafta mediante empresas intermediarias que operan con distribuidores estadounidenses.

Aunque estas compañías cuentan con permisos para comercializar combustibles en México, carecen de las autorizaciones necesarias para importarlos legalmente, por lo que recurren a redes vinculadas con el contrabando.

• Fase 2. Ingreso ilegal a México y evasión fiscal

El combustible cruza la frontera mediante documentos aduaneros alterados o declaraciones falsas que lo hacen pasar por otros productos exentos de impuestos.

Con ello, las organizaciones evitan el pago del IEPS y otros gravámenes, incrementando considerablemente sus ganancias.

• Fase 3. Venta del combustible y generación de efectivo

Una vez en territorio mexicano, el hidrocarburo es distribuido mediante gasolineras controladas por grupos criminales o establecimientos que son obligados a comercializarlo.

La venta se realiza principalmente en efectivo, generando grandes cantidades de recursos difíciles de rastrear por las autoridades financieras.

• Fase 4. Financiamiento de campañas políticas y medios de comunicación

De acuerdo con FinCEN, parte de esas ganancias ilícitas se destina al pago en efectivo de campañas políticas y a medios de comunicación locales, con el objetivo de favorecer a candidatos afines y proteger las operaciones delictivas de los cárteles.

• Fase 5. Recuperación de la inversión mediante el poder político

Una vez que los candidatos respaldados llegan al poder, las organizaciones criminales buscan obtener beneficios a través del control de puestos estratégicos en gobiernos y aduanas, así como mediante la asignación de contratos públicos a empresas vinculadas con sus redes, lo que les permite mantener y ampliar el esquema de contrabando y lavado de dinero.

Huachicol fiscal fortalece la corrupción política

De acuerdo con el reporte, el dinero proveniente del tráfico ilegal de combustibles no sólo se utiliza para adquirir armas, pagar operadores o expandir las actividades delictivas, sino también para construir relaciones de influencia con actores políticos y mediáticos.

FinCEN explica que estas ganancias ilícitas son movilizadas mediante complejas operaciones de lavado de dinero, empresas fachada y redes financieras que dificultan rastrear el origen de los recursos antes de que lleguen a campañas electorales o funcionarios.

“Estas redes permiten que las organizaciones criminales oculten el origen de los recursos y mantengan esquemas de corrupción que favorecen sus actividades ilícitas”, señala el organismo estadounidense.

EUA identifica al huachicol fiscal como una prioridad de seguridad

El informe forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero vinculado al tráfico de hidrocarburos entre México y Estados Unidos, actividad que ha cobrado mayor relevancia para grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Las autoridades estadounidenses consideran que el huachicol fiscal se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más rentables para estas organizaciones, debido a las elevadas ganancias que genera mediante la importación, transporte y comercialización ilegal de combustibles.

Sheinbaum exige pruebas a EUA por acusaciones de financiamiento político

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregar las pruebas que sustenten la acusación de que recursos obtenidos mediante una red de huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron utilizados para financiar campañas políticas en México.

La mandataria señaló que el Gobierno de México no fue informado previamente sobre ese señalamiento y cuestionó que las autoridades estadounidenses hicieran pública la acusación sin compartir antes la evidencia con las instancias mexicanas encargadas de investigar estos hechos.

“De las campañas nunca fuimos informados. ¿Qué pruebas tienen también? Es lo mismo: decir que ocurre algo sin ninguna prueba”, afirmó.

Sheinbaum explicó que algunas de las personas incluidas en las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro ya eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que existía colaboración entre ambos países. Sin embargo, consideró que Estados Unidos se adelantó al emitir su comunicado sin esperar el intercambio de información acordado.

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La presidenta aseguró que su administración mantiene abiertas diversas investigaciones sobre redes de huachicol fiscal mediante acciones coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las autoridades aduaneras, con el objetivo de integrar nuevas carpetas y solicitar órdenes de aprehensión contra los responsables.