Foto: Gobierno de México
Tala ilegal en México: así controla el crimen organizado los bosques y el mercado de la madera
La tala ilegal en México evolucionó de la extorsión al control territorial del crimen organizado. Cárteles dominan bosques, aserraderos y rutas de transporte en al menos 122 zonas críticas
Salvador Maceda
Publicada: jul 11 a las 18:24, 2026
Las extorsiones a quienes explotan los bosques ya no son suficientes para el crimen organizado, ahora controla territorios forestales, decide quién puede cortar árboles, somete a ejidatarios, se apodera de aserraderos, vigila el transporte y coloca la madera en el mercado mediante documentos alterados.
Una iniciativa presentada ante el Senado en 2025 advierte que la tala clandestina se convirtió en un negocio de gran escala, mientras un reporte de la Comisión Nacional Forestal, reconoce que la corrupción, la falta de vigilancia, la impunidad y la presencia de grupos delictivos facilitan la extracción y el lavado de madera para uso comercial.
El estudio oficial “Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), calculó tres posibles niveles de ilegalidad y determinó que, en el escenario donde 70 por ciento de la madera consumida tiene procedencia ilícita, el Estado dejó de recaudar por concepto de ISR entre 14 mil 818 y 20 mil 745 millones de pesos anuales; estima que la tala ilegal provoca al menos 8 por ciento de la deforestación bruta, alrededor de 16 mil 640 hectáreas cada año, con pérdidas de servicios ambientales que pueden alcanzar mil 33 millones de pesos.
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Los bosques bajo disputa
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene identificadas 122 áreas críticas por ilícitos forestales y documentos legislativos señalan que 13 se encuentran dentro de zonas naturales prioritarias, entre ellas el Bosque de Agua, que une a la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México, el Parque Nacional La Malinche, entre Puebla y Tlaxcala, el Pico de Orizaba, entre Puebla y Veracruz, y la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán.
Los informes periodísticos también ubican tala clandestina, lavado de madera o invasiones forestales en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sonora, Durango, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
En Chihuahua, una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional identifica a facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas Los Salazar y Flechas MZ, en la explotación armada de los bosques de la Sierra Tarahumara y el Triángulo Dorado; con información atribuida a la Agencia de Investigación Criminal, señalan que La Línea, brazo del Cártel de Juárez, disputa el corredor maderero de Bocoyna y sostiene que jóvenes indígenas son reclutados por la fuerza para trabajar como taladores o vigilantes en municipios como Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo, Madera y Guadalupe y Calvo.
En Michoacán, un reportaje de Bloomberg Businessweek relaciona la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos con la extorsión a la industria del aguacate y el despojo de terrenos forestales para abrir nuevas huertas, además de mencionar a una célula identificada como Cártel del Aguacate en Rincón de San Luis.
También se ubican a Los Tena, una escisión de Los Caballeros Templarios, en el despojo de predios de Aquila y en el contrabando de maderas protegidas como sangualica o granadillo hacia China.
Tala, desplazamiento y control comunitario
En Guerrero, las investigaciones periodísticas identifican a Los Viagras, Los Maldonado y la célula de Crescenciano “El Chano” Arreola en la explotación de los bosques de la Sierra de Petatlán y Tierra Caliente, donde grupos armados imponen la tala, trasladan la madera en camiones con placas de Michoacán y someten a las comunidades ejidatarias.
El estudio oficial del INECC, documentan que la violencia y la devastación de los bosques han provocado el abandono de proyectos comunitarios y el desplazamiento de familias completas.
En Oaxaca, el diagnóstico gubernamental de la Semarnat y el INECC recoge registros de al menos 24 municipios con problemas de tala ilegal en los Chimalapas, la Sierra Sur, Valles Centrales y la Mixteca, regiones marcadas por marginación y presencia de grupos organizados de talamontes; en Chiapas, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, incorporado al mismo estudio, reportó un crecimiento superior a 500 por ciento del tráfico de madera en Ocosingo, Palenque, la Zona Norte, Centro y Fraylesca.
En el Estado de México, un comunicado oficial de la Profepa documentó durante 2025 el aseguramiento de 22 rollos de oyamel en Ocuilan, dentro del Bosque de Agua, mediante un operativo con participación de autoridades ambientales y fuerzas federales.
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El Informe de Autoevaluación 2023 de la Conafor señala que se destinaron 49.26 millones de pesos a 236 proyectos para incorporar o reincorporar 275 mil 801 hectáreas al manejo forestal sustentable, además de promover certificados de cadena de custodia y mecanismos de trazabilidad; sostiene que la madera ilegal continúa desplazando a los productores autorizados porque no paga impuestos, permisos ni programas de manejo, mientras la insuficiente inspección y la impunidad permiten que los grupos criminales mantengan bajo control la explotación, el transporte y la venta.
