Huachicol fiscal: FGR ubica a Ernesto Ruffo entre cinco presuntas cabezas de la red

La Fiscalía General de la República ubicó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, entre las cinco presuntas cabezas de los que llaman la mayor red de huachicol fiscal integrada por 25 implicados y relacionada con 11 empresas.

Según la investigación, la estructura habría participado en la importación, el traslado, la recepción y el manejo de combustible ingresado irregularmente al país. El presunto esquema habría causado un perjuicio al erario público por 166 millones 466 mil 735 pesos por el ingreso de 18.2 millones de litros de combustible ilegal.

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Junto con Ruffo, la FGR colocó en ese nivel a José Merino Valdés Cuervo, Guadalupe Hernández Hinojosa, José Luis Rangel Martínez y Armando III Riestra Fernández. La orden de aprehensión les atribuye presuntas funciones de dirección o administración dentro de la organización investigada.

La Fiscalía sostiene que la red estaba dividida por tareas. Mientras esas cinco personas habrían encabezado la toma de decisiones, los otros 20 investigados presuntamente participaron en actividades empresariales, aduanales, ferroviarias, comerciales y financieras. El mandamiento judicial no colocó a todos en el mismo nivel de responsabilidad.

Ruffo y el control de Ingemar

Ruffo y Merino aparecen vinculados con Ingemar, empresa ubicada por la Fiscalía en el centro de las importaciones investigadas. Merino era accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración, mientras Ruffo era accionista y secretario de ese órgano después de adquirir 682 mil acciones.

La Fiscalía presume que ambos habrían intervenido en decisiones corporativas relacionadas con las operaciones.

Guadalupe Hernández aparece como apoderada de Ingemar y autorizada para manejar cuentas bancarias. José Luis Rangel habría representado en distintos momentos a Crismon, Lambrucar, Mapror e Ingemar, mientras Armando Riestra figura como accionista y administrador de Servicios Aduanales JR. Para la FGR, los tres habrían conectado la parte legal, financiera y aduanera de la presunta estructura.

El soporte empresarial y aduanal

En la parte corporativa, la investigación menciona a Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro, Gustavo Sánchez Jiménez y María del Carmen Molina Olivares. La FGR los relaciona con Ingemar, Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.

Los Thompson dice la indagatoria, habrían participado en la estructura empresarial, Sánchez habría dado seguimiento a las importaciones y Molina tenía funciones de vigilancia como comisaria.

La operación aduanera habría involucrado a Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Víctor José Carretero Zardeneta y Luis Antonio Barrientos Juárez. Según la Fiscalía, los dos primeros actuaban como agentes aduanales y el tercero como dependiente autorizado. Presuntamente habrían elaborado, transmitido o validado pedimentos cuyas cantidades o descripciones no coincidían con la carga transportada.

Recepción y descarga del combustible

La FGR relaciona a Indalecio de la Peña Rivera, Guillermo de la Peña Rosales y José María de la Peña Ramos con Internacional de Fundentes. Adriana Bárcenas Guillén y José Raymundo Martínez Rodríguez aparecen vinculados con Logística Ferroviaria Fargo, mientras José Luis Muñoz Hernández y María Eugenia Carranza Sanz están ligados con Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. La investigación presume que esas empresas figuraban como posibles receptoras o destinatarias del combustible.

Eduardo y David Aguirre Cordero son señalados por su relación con Descargas Ferroviarias del Norte. La empresa presuntamente habría utilizado una espuela ferroviaria para recibir y descargar los carrotanques, una tarea que permitía bajar el combustible transportado por tren y entregarlo a las compañías destinatarias.

El movimiento del dinero

En la parte financiera, la FGR señala a José Luis García Flores y Javier Macuixtle Rosales por su relación con Crismon; a Óscar Mauricio García Cornejo, vinculado con Lambrucar, y a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, relacionado con Lambrucar y Mapror. La Fiscalía sostiene que esas empresas habrían servido para financiar operaciones, emitir comprobantes y mover recursos.

Familia y defensa acusan falta de pruebas y exigen frenar una condena anticipada

En contraste con las acusaciones de la FGR, Verónica Ruffo exigió para su padre un proceso “justo y transparente” y sostuvo que permanece privado de la libertad sin que un juez haya valorado las pruebas en su contra.

Afirmó que el exgobernador nunca se ocultó, y está dispuesto a responder por cada señalamiento y pidió que se respeten la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio sustentado en pruebas, no en una condena anticipada.

La hija de Ruffo también acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo y protección. Trascendió que Verónica tiene ciudadanía estadounidense y por eso fue a denunciar hostigamiento por la defensa de su padre y responsabilizó al Gobierno federal de su salud e integridad.

A su vez, Fernando Gómez Mont, abogado de Ruffo, rechazó la solidez de la investigación y aseguró que en las 20 mil páginas entregadas por la Fiscalía no existe una sola prueba directa contra el exgobernador.

“No hay llamadas, no hay testigos”, afirmó el litigante, quien sostiene que la acusación no demuestra la participación ni la culpabilidad de su cliente.