LOS LÍDERES DE LA POLÍTICA

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Opinión

Más que lineamientos, alineamientos

El periodista Vicente Gálvez aborda cuestionamientos a los nuevos Lineamientos de Derechos de las Audiencias. Señala que el proceso busca legitimar reglas ya definidas y advierten riesgos para la libertad de expresión.

Luisa María Alcalde, con saco blanco y micrófono en mano, expone frente a una pantalla de presentación. La pantalla muestra una tabla titulada "Derecho de la audiencia" en la izquierda y "Responsabilidad de los medios de comunicación" en la derecha, listando puntos sobre información veraz, distinción entre noticia u opinión, publicidad, réplica y accesibilidad.

La consejera jurídica Luisa María Alcalde presenta los lineamientos de los Derechos de las audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. - Foto: Cuartoscuro

¿Se acuerdan cuando López Obrador hacía preguntas en sus “asambleas informativas” y los asistentes respondían a mano alzada y así justificaba sus deschavetadas ocurrencias y las disfrazaba de voluntad popular? Bueno, pues eso mismo, sólo que de manera más tecnológica, es lo que el gobierno de Sheinbaum pretende hacer con la recién anunciada consulta para los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Van a aprobar todo lo que ya tienen pensado de antemano, pero dirán que fue “el pueblo” el que decidió de manera participativa en esa gran consulta de 20 días. Una vacilada, pues.

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Y es que el fondo no es la protección de ningunos derechos; lo que buscan es ir limitando, poco a poco, cualquier discurso que desmonte las falsas narrativas que impulsan desde las conferencias mañaneras.

Micrófonos

Foto: Pixabay

Los mismos que negaron durante una semana los videos de una mujer asoleándose en las ventanas de Palacio Nacional, los mismos que ocultaron durante meses un derrame petrolero de Pemex en el Golfo de México y se inventaron un barco fantasma “que ya tenían identificado”, los mismos que negaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico y lo llamaron “deslizamiento” y “percance de vía”, sí, los mismos que dijeron que no se talaría un solo árbol para hacer el Tren Maya, ahora quieren erigirse en jueces de qué es verdad y qué es mentira.

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Según Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, no se trata de censura, sino de autorregulación de los medios a través de un “Defensor de las Audiencias” designado por los mismos medios que atenderá las “quejas ciudadanas”. Vaya, que no van a imponer un Comisario Político como lo hacían en la URSS. Gracias, supongo.

Si las quejas de los radioescuchas y televidentes sobre información que suponen falsa, incompleta o fuera de contexto no es solventada por el Defensor de las Audiencias, entonces será facultad de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones resolver e incluso multar al medio con un porcentaje de sus ingresos comerciales. ¿No le pierden?

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Y no, no sean mal pensados, por supuesto que el gobierno no utilizará a sus huestes digitales, voceros oficiosos y asiduos a las mañaneras, esos que se coordinan para posicionar hashtags en redes sociales a favor del gobierno o en contra de opositores, para inundar a las estaciones de radio y televisión de quejas, que hasta este momento no contemplan ningún tipo de filtro o medida anti-spam.

Pero veamos la realidad. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (con la que sustituyeron al IFT) es un Órgano Desconcentrado que depende de la Agencia de Transformación Digital que a su vez depende de la Presidencia de la República. Es decir, a final de cuentas, Sheinbaum y sus colaboradores serán los que decidan si lo que se informa sobre ellos es correcto o incorrecto, podrán ordenar la modificación o rectificación de contenidos y podrán imponer sanciones. Censura en toda regla.

Derecho de las audiencias

Foto: Pexels

Hay un asunto en particular que me parece un insulto a todos los ciudadanos: Los Lineamientos obligan a los espacios a etiquetar cuando algo es “información” y cuando se trata de “opinión”. De verdad nos consideran menores de edad intelectuales que no somos capaces de discriminar datos de juicios, personas limitadas que no podemos formar un criterio propio a través de diversas fuentes y unos ingenuos que debemos creer que toda información que difunde el gobierno es verídica, bienintencionada y sin fines políticos y hasta electorales.

Si al gobierno realmente le preocupa el Derecho a la Información de los mexicanos, podría comenzar por entregar la que ocultan en más de mil asuntos que mandaron a reserva hasta por 5 años y que van desde los costos de los mega-proyectos de infraestructura, la compra de vacunas durante la pandemia de COVID-19, el desfalco en Segalmex o las bitácoras de las aeronaves militares que vuelan cotidianamente entre Chiapas y Tabasco.

La libertad de informarse no se consigue limitando a otros la libertad de expresarse y mucho menos desde el poder, al contrario, los ciudadanos requieren más y variadas opciones donde informarse y diversas opiniones, incluidas las estridentes, para normar la propia y tomar las decisiones que crean convenientes.

Al día de hoy la gente ejerce a diario su libertad de informarse: Tiene un control remoto para cambiar de canal, puede mover el dial y escuchar la estación que más le guste, en su computadora puede ver y escuchar en vivo programas e informativos locales, nacionales y extranjeros y en su teléfono un navegador que le permite tener acceso a todo el conocimiento necesario para verificar por ellos mismos cualquier dato.

Esa pulsión de sobrerregular algo que no lo necesita sólo evidencia que más que lineamientos, lo que buscan es alineamientos. Un mecanismo durmiente, siempre listo para sacar el garrote cuando la narrativa desde el poder se sienta amenazada.