¿Protección o control? Claves detrás de la Ley de Audiencias que enciende alarmas en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta pública una propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias los cuales generaron debate entre especialistas, juristas y periodistas, quienes advirtieron que algunas de las disposiciones propuestas para radio y televisión abren la puerta a mecanismos de censura o la autocensura en los espacios informativos.

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Los lineamientos emitidos por el organismo adscrito a la Agencia de Transformación digital y Telecomunicaciones incorpora medidas que han sido reconocidas; sin embargo, apuntan que planteamientos abren la puerta a mecanismos de control estatal sobre el ejercicio periodístico.

Estas son algunas de las principales claves que especialistas identifican detrás de una regulación que ha abierto el debate entre la protección de las audiencias y la libertad editorial.

1.- La línea entre información y opinión

Uno de los puntos que concentra el debate es la obligación de distinguir entre información y opinión dentro de los programas de radio y televisión. Los lineamientos plantean que las audiencias deberán poder identificar cuándo un conductor, periodista o comentarista presenta hechos y cuándo expresa valoraciones personales.

La abogada Mariana Calderón Arámburu sostiene que, aunque la diferencia entre ambos conceptos puede explicarse en teoría, en el ejercicio cotidiano del periodismo los hechos suelen ir acompañados de contexto, análisis e interpretación. Por ello, cuestiona que una autoridad pueda terminar determinando cuándo un contenido deja de ser información y pasa a ser opinión.

En el mismo sentido, la periodista Bibiana Belsasso considera que separar ambos elementos de forma absoluta resulta prácticamente imposible en la práctica periodística, ya que la explicación de los hechos suele incorporar contexto para que las audiencias comprendan mejor los acontecimientos.

2.- El “efecto inhibidor” y la autocensura

Otro de los conceptos que aparece de forma recurrente en los análisis es el llamado “efecto inhibidor”. Mariana Calderón Arámburu advierte que el riesgo no consiste únicamente en una eventual censura directa, sino en que los propios medios opten por modificar la manera en que presentan sus contenidos para evitar procedimientos o sanciones.

De acuerdo con su análisis, las concesionarias podrían exagerar las advertencias sobre opinión, separar artificialmente la información del análisis o incluso dejar de abordar temas incómodos para reducir riesgos regulatorios. Bibiana Belsasso coincide en que la posibilidad de enfrentar procedimientos administrativos o multas podría incentivar la autocensura en algunos espacios informativos.

3.- Las dudas sobre quién decidirá y las sanciones

Otro de los aspectos que ha generado cuestionamientos es el procedimiento de quejas previsto en los lineamientos. El proyecto establece que las inconformidades serán atendidas inicialmente por las Defensorías de las Audiencias y, si sus recomendaciones no son atendidas, podrá intervenir la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El analista Javier Tejado Dondé plantea interrogantes sobre el funcionamiento de ese mecanismo, entre ellas quién podrá presentar las quejas, si existirán controles para evitar denuncias indebidas y quién determinará cuándo un contenido incumple la regulación.

También advierte que las sanciones económicas contempladas podrían representar una fuerte presión para los concesionarios, por lo que considera necesario que el órgano regulador delimite con precisión el alcance de sus facultades.

Por su parte, Bibiana Belsasso sostiene que ese esquema podría traducirse en una mayor intervención de la autoridad sobre las decisiones editoriales de los medios electrónicos, al considerar que una controversia sobre contenidos podría terminar siendo revisada por un órgano administrativo.

4.- El vínculo con el contexto político y electoral

En su columna, Bibiana Belsasso enmarca la discusión dentro de un contexto más amplio sobre las instituciones públicas. La periodista sostiene que la propuesta llega después de cambios impulsados por el oficialismo, como las reformas en materia electoral y judicial, la desaparición de organismos autónomos y el proceso de elección del Poder Judicial, por lo que considera que los nuevos lineamientos representan un paso más en la relación entre el Estado y los medios de comunicación.

Por su parte, Javier Tejado Dondé vincula la propuesta con el contexto político rumbo a las elecciones de 2027 y señala que el Gobierno y Morena han comenzado a impulsar distintas reformas relacionadas con el proceso electoral y el entorno digital.

No obstante, también reconoce como una señal positiva que los lineamientos hayan sido sometidos a consulta pública durante 20 días hábiles, lo que permitirá recibir observaciones antes de su eventual aprobación.

¿Qué plantea la CRT?

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los lineamientos emitidos por la CRT, que buscan hacer efectivos los derechos de las audiencias y evitar interpretaciones ambiguas de la legislación.

Entre los principales derechos contemplados se encuentran recibir información veraz, distinguir entre información y opinión, diferenciar la publicidad del contenido informativo, ejercer el derecho de réplica y garantizar el acceso a contenidos para personas con discapacidad. Además, la propuesta establece que las concesionarias de radio y televisión deberán contar con un Código de Ética y una Defensoría de las Audiencias para atender las quejas de los usuarios.

Los propios especialistas también reconocen que el proyecto incorpora medidas que consideran positivas, como el fortalecimiento de la accesibilidad mediante subtitulaje y lengua de señas, la identificación de contenidos patrocinados y el reforzamiento de las Defensorías de las Audiencias.

Sin embargo, el debate se concentra en el alcance que podrían tener las disposiciones relacionadas con la diferenciación entre información y opinión, las facultades de la autoridad reguladora y las sanciones previstas en el proyecto.