El hackeo a la UNAM o la UNAM en jaque

La crisis que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras las irregularidades detectadas en su examen de admisión, ha abierto una discusión inevitable sobre la seguridad de las evaluaciones en línea y la vulnerabilidad del software contratado.

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¿Realmente el problema estuvo en la plataforma tecnológica o el fraude se gestó mucho antes de que los aspirantes iniciaran sesión para responder el examen?

La UNAM contrató a la empresa Territorium Life por 101.7 millones de pesos para desarrollar y operar una compleja arquitectura de seguridad integrada por al menos 20 mecanismos de protección, entre ellos reconocimiento facial, autenticación biométrica, monitoreo mediante inteligencia artificial, bloqueo de programas externos y vigilancia continua del comportamiento de cada aspirante.

Un sistema aparentemente robusto que fue insuficiente para blindar el proceso de admisión universitario en México. Las irregularidades detectadas obligaron a la UNAM a suspender temporalmente el proceso de inscripción de los estudiantes aceptados e iniciar investigaciones para determinar qué ocurrió realmente.

Quizás tendríamos que empezar por reconocer que responsabilizar únicamente al software podría ser una explicación demasiado simple para un problema mucho más complejo.

Mientras las autoridades universitarias revisaban los registros técnicos del examen, hay claros indicios que revelan la existencia de una industria del fraude académico. Semanas antes de la aplicación de la prueba circularon en redes sociales, grupos de mensajería y plataformas digitales, ofertas para vender supuestos bancos de preguntas, reactivos filtrados y respuestas por 200 y hasta mil 500 pesos. Los que prometían realizar prácticamente todo el examen mediante esquemas de presunta suplantación de identidad cobraron 4 mil pesos.

La sola existencia de ese mercado clandestino no demuestra que las ofertas fueran auténticas ni que quienes las contrataron obtuvieran un beneficio real. Sin embargo, sí evidencia que alrededor del proceso de admisión existe una estructura organizada que intenta lucrar con la expectativa de miles de aspirantes y que busca explotar cualquier posible vulnerabilidad, tecnológica o humana.

La UNAM atraviesa una grave crisis. Una Comisión Técnica revisará las irregularidades, el proceso de inscripción ha sido suspendido y ya se realizaron marchas y manifestaciones de jóvenes inconformes.

Hay quienes están preocupados por salvar la reputación de la UNAM. Otros exigen la repetición de la prueba, ahora de manera presencial y con nuevos reactivos. Incluso, están los que advierten la necesidad de replantear el enfoque de la investigación y determinar si hubo filtración de reactivos o la comercialización anticipada de preguntas.

La enorme presión que hoy enfrenta la UNAM es, en buena medida, reflejo de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar una oferta suficiente y de calidad en la educación superior pública.

Miles de jóvenes siguen concentrando sus aspiraciones en unas cuantas universidades públicas como la UNAM, la UAM y el Politécnico, porque las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, la Universidad Rosario Castellanos ni la Universidad de la Salud han logrado reducir esa demanda ni generar alternativas con el mismo nivel de prestigio, reconocimiento y confianza.

Dejar fuera a 180 mil jóvenes cada ciclo es una fábrica de exclusión masiva. El costo social de este cuello de botella ya lo conocemos: la maquila, la migración forzada o la captación por el narcotráfico.