
Durante la contienda presidencial de 2012, el entonces IFE detectó operaciones por más de 50 millones de pesos a través de tarjetas Monex vinculadas al PRI, recursos que fueron sumados a los topes de campaña. - Foto: Cuartoscuro
Caso Monex de 2012 resurge tras la publicación de MCCI señalara similitudes entre el esquema priista de tarjetas y la dispersión de 134.9 mdp por Morena vía Finabien en 2024

El Monexgate fue uno de los principales escándalos de financiamiento electoral de las elecciones presidenciales de 2012 que recientemente volvió a ser recordado por las similitudes entre aquel esquema y una investigación sobre la dispersión de recursos de Morena a través de Financiera para el Bienestar (Finabien) durante 2024, cuando Mario Delgado era dirigente nacional del partido.
La comparación surgió a partir de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documentó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena utilizó la infraestructura de Finabien para realizar más de 252 mil pagos por 134.9 millones de pesos durante 2024, bajo el concepto de “apoyos sociales”.
El punto de coincidencia señalado es el uso de un mecanismo financiero para dispersar recursos durante un proceso electoral; sin embargo, no son el mismo caso ni existe una resolución que determine que el esquema de Morena reprodujo las irregularidades acreditadas o investigadas en 2012.

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El Monexgate surgió durante la campaña presidencial del 2012, cuando el PAN y el PRD denunciaron que el PRI y su entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, habían utilizado tarjetas emitidas por la financiera Monex para distribuir recursos entre operadores electorales.
El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) abrió una investigación para determinar el origen y destino de los recursos, así como establecer si las operaciones constituían gastos de campaña y, de ser el caso, si podían provocar un rebase de los topes establecidos para la elección presidencial.
La Unidad de Fiscalización del IFE identificó inicialmente 9 mil 924 tarjetas relacionadas con la investigación. El expediente documentó un universo específico de tarjetas Monex vinculadas con el PRI y revisó el origen de los recursos, su distribución y el destino de las operaciones.
En 2012, se acreditó que el PRI contrató servicios para la dispersión de recursos mediante tarjetas de prepago. En la fiscalización por la autoridad, 10,714 tarjetas fueron objeto de análisis detallado y se registraron 43 mil 733 operaciones por 57.3 millones de pesos.
Tomando como fecha de corte el último día de las campañas de 2012, el IFE identificó 32 mil 624 operaciones por 50.5 millones de pesos. De ese monto, 44.6 millones correspondieron a disposiciones de efectivo en cajeros automáticos.
La investigación electoral también analizó si se trataba de una aportación prohibida, un gasto ordinario, un gasto de campaña o un gasto no justificado. La autoridad concluyó que el PRI había contratado directamente el servicio de dispersión y había cubierto las obligaciones pactadas con la empresa correspondiente.

La resolución del IFE declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador contra la entonces Coalición Compromiso por México, integrada por PRI y PVEM, en el expediente relacionado con las tarjetas Monex.
Sin embargo, la autoridad determinó que 50.5 millones de pesos debían cuantificarse para efectos de los topes de gasto de las campañas correspondientes y dio vista a las autoridades electorales locales respecto de otros montos detectados.
Es decir, el expediente no terminó con una acreditación de compra o coacción del voto que llevara a anular la elección presidencial.

La conexión con Morena surge por una investigación publicada por MCCI sobre un contrato firmado en 2022 entre el Comité Ejecutivo Nacional del partido y Finabien, entonces bajo la dirigencia de Mario Delgado, que se mantuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial del 2 de junio.
De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por MCCI, durante 2024 se realizaron 252 mil 901 pagos por 134.9 millones de pesos, equivalentes a un promedio cercano a 533 pesos por operación. La investigación sostiene que esos pagos fueron registrados como “apoyos sociales”.
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MCCI reportó además que esos pagos no fueron identificados en los informes de gastos electorales que Morena presentó ante el INE, de acuerdo con la revisión realizada por la organización.
Tras la difusión de la investigación la institución financiera rechazó cualquier señalamiento de irregularidades. Finabien sostuvo que únicamente prestó los servicios contemplados en los contratos, relacionados con el “giro telegráfico a grandes usuarios”, y aclaró que los pagos correspondieron a “apoyos económicos”, no a “apoyos sociales”.
La institución también negó haber operado fuera de los mecanismos de supervisión y subrayó que no tiene atribuciones para fiscalizar el gasto o las actividades electorales de los partidos políticos, facultad que corresponde al INE.