La Consejería Jurídica informó que no localizó bases de datos, documentos ni otros registros solicitados sobre el análisis que hizo Luisa María Alcalde sobre una presunta red de amplificación de mensajes críticos contra el gobierno y la 4T.
La Consejería Jurídica de la Presidencia aseguró no haber localizado en sus archivos la información utilizada para elaborar el análisis sobre una presunta “red de amplificación digital” que su titular, Luisa María Alcalde, presentó públicamente en agosto y en el que fueron incluidos medios de comunicación, periodistas, políticos y cientos de miles de cuentas de redes sociales.
La respuesta surgió después de que Aristegui Noticias solicitara, mediante el sistema de transparencia, la base de datos o información utilizada para elaborar el análisis, los nombres de los servidores públicos que participaron en su realización, las diapositivas y las imágenes mostradas durante la exposición. La Consejería respondió que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró evidencia documental que correspondiera con lo solicitado.
“Se ha realizado una búsqueda exhaustiva, minuciosa, no limitativa y de criterio amplio en los archivos físicos así como digitales que obran en esta Unidad Administrativa”, señaló la dependencia en su respuesta.
Agregó que “no se localizó evidencia documental que se ajuste a la solicitud” y que tampoco encontró elementos para considerar que esos documentos se encuentren bajo resguardo de esa unidad administrativa.
La respuesta contrasta con el nivel de detalle que Alcalde presentó públicamente el pasado 12 de agosto. Durante la conferencia denominada “Derecho de réplica”, la consejera jurídica afirmó que el análisis comprendía el periodo del 1 de enero al 8 de agosto de 2026, partía de 98 “cuentas semilla” y había sido elaborado mediante cuatro consultas independientes.
Sin embargo, durante su exposición no detalló quién realizó el estudio, cuál fue la metodología completa para recopilar y procesar los datos ni el origen de toda la información empleada.
Al presentar sus resultados, Alcalde describió un supuesto ecosistema digital organizado en cuatro niveles. El primero correspondía a medios de comunicación y analistas; el segundo, a figuras públicas y emisores políticos; el tercero, a cuentas anónimas o de ataque, y el cuarto a un “anillo de amplificación” compuesto por perfiles que la funcionaria identificó como automatizados o bots.
En la primera capa colocó principalmente a 54 cuentas de medios y comentaristas, a las que atribuyó 282 mil 866 publicaciones durante los siete meses revisados.
Según la explicación de Alcalde, esos perfiles “originan y legitiman” contenidos mediante noticias, investigaciones y opiniones que posteriormente son retomados por otras cuentas. Entre los medios y comunicadores mencionados estuvieron Aristegui Noticias, El Universal, Reforma, Latinus, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Adela Micha y Joaquín López-Dóriga, entre otros.
La segunda capa fue integrada, según la presentación, por 32 cuentas vinculadas con personajes políticos, mientras que la tercera incluyó 34 perfiles anónimos que Alcalde describió como cuentas de ataque o trolls. Finalmente, la funcionaria ubicó un anillo de amplificación de alrededor de 560 mil cuentas, al que atribuyó aproximadamente 22 millones de publicaciones y dentro del cual señaló la existencia de cientos de miles de cuentas automatizadas.
Alcalde sostuvo entonces que esta dinámica podía crear artificialmente la percepción de que determinados asuntos dominaban la conversación pública en redes sociales. Entre las narrativas que identificó estaban los señalamientos sobre “narcogobierno”, huachicol, autoritarismo y presiones provenientes de Estados Unidos.
La respuesta de la Consejería Jurídica deja sin aclarar cómo se construyeron esas cifras y clasificaciones. De acuerdo con la información obtenida vía transparencia, en los archivos de la propia dependencia no fueron localizados los insumos solicitados para conocer la base documental del análisis ni la identidad de los funcionarios que participaron en su elaboración.
Esto impide, a partir de la documentación entregada en esa solicitud, conocer aspectos centrales del estudio: qué criterios se utilizaron para seleccionar las 98 cuentas iniciales, qué parámetros permitieron clasificar perfiles como bots, qué herramientas se emplearon para procesar millones de publicaciones o cómo se determinaron las relaciones entre los distintos niveles de la supuesta red.
La presentación también provocó cuestionamientos por incluir a periodistas y medios críticos dentro del esquema.
La Asociación Mexicana de Juzgadoras advirtió sobre los riesgos de utilizar espacios oficiales para identificar o exhibir a periodistas, medios y personas con posiciones críticas hacia el gobierno. La organización señaló que las autoridades tienen derecho a responder y combatir información falsa, pero advirtió que ello no debería convertirse en un mecanismo de estigmatización.
Hasta ahora, la respuesta de transparencia difundida no permite reconstruir documentalmente el análisis presentado por Alcalde ni conocer quién lo elaboró. La Consejería Jurídica tampoco explicó, en esa contestación, si la información fue generada por otra dependencia, por un proveedor externo o por alguna instancia distinta.
Así, permanecen sin respuesta preguntas básicas sobre el origen y la metodología de un análisis que fue utilizado desde un espacio oficial para describir una supuesta operación digital de gran escala contra el gobierno federal.
