
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que existe un “riesgo estructural” que podría llevar a una crisis fiscal del Estado mexicano. - Foto: Cuartoscuro
Alfonso Ramírez Cuéllar alertó que el 2028 será un año clave para evitar que las presiones sobre las finanzas públicas se conviertan en una crisis fiscal.

México podría enfrentar una crisis fiscal en los próximos años si no logra aumentar de manera significativa sus ingresos, advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en una entrevista para Proceso.
El legislador señaló que 2028 será un año determinante para fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de programas sociales, pensiones, salud, educación e inversión.

En vísperas de la discusión del Paquete Económico 2027, el legislador sostuvo que el margen para resolver la debilidad fiscal del país se está reduciendo y alertó que, sin mayores recursos, algunos de los derechos reconocidos por el Estado podrían enfrentar dificultades para financiarse.
“Urge que entre todos construyamos una estrategia y un programa para fortalecer fiscal y financieramente al Estado mexicano de tal manera que sentemos bases sólidas para construir un estado de bienestar. De otra manera, muchos derechos se convertirán en meras ilusiones constitucionales”, señaló.
Ramírez Cuéllar reconoció que entre 2018 y 2026 México logró incrementar sus niveles de recaudación en poco más de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, consideró que los ingresos actuales siguen siendo insuficientes frente a las obligaciones que tendrá que cubrir el gobierno durante los próximos años.
El diputado sostuvo que el país permanece entre las economías con menores niveles de recaudación tanto en América Latina como entre los integrantes de la OCDE. En ese contexto, consideró que la viabilidad de un Estado de bienestar dependerá de contar con ingresos suficientes para financiar las obligaciones que ya existen.

“Los programas y las obligaciones de gasto, incluidos programas sociales, pago de pensiones, inversión, sistema educativo y sistema de salud, solamente podrá financiarse en la medida en que demos un salto en los próximos meses y años para incrementar la recaudación”, afirmó.
Para el vicecoordinador de Morena, la recaudación actual es “mínima” frente a las necesidades futuras del país y no ofrece suficientes certezas sobre la capacidad del Estado para financiar todos sus compromisos.
Uno de los principales focos de presión señalado por Ramírez Cuéllar está en las pensiones, tanto contributivas como no contributivas. El diputado consideró que el país deberá abrir una discusión nacional sobre su financiamiento ante el creciente peso que representan para el presupuesto.
“Ya llegó el momento en que el tema de pensiones tiene que ser abordado mediante un debate, un acuerdo nacional”, sostuvo.
De acuerdo con las cifras expuestas por el legislador, México destina alrededor de 1.2 billones de pesos a pensiones contributivas y no contributivas. A ello se suma el servicio de la deuda pública, mientras el gobierno necesita mantener recursos para infraestructura, salud, educación y programas sociales.
Ramírez Cuéllar también planteó la necesidad de financiar un fuerte incremento de la inversión física para cumplir las metas del Plan México hacia 2030, además de atender otra debilidad estructural: las limitadas capacidades fiscales de estados y municipios.
Según el diputado, la falta de ingresos propios impide que los gobiernos locales tengan una participación más activa en la construcción de infraestructura y en los proyectos necesarios para alcanzar las metas nacionales de inversión.
A las presiones presupuestarias se agregan las pérdidas económicas vinculadas con actividades ilegales. Ramírez Cuéllar identificó tres grandes “boquetes”: el huachicol, la facturación irregular y la extorsión.

De acuerdo con lo expuesto por el morenista, estas actividades representan conjuntamente un costo superior al equivalente a dos puntos del PIB, recursos que adquieren mayor relevancia ante la necesidad del gobierno de aumentar sus ingresos.
“No solamente son boquetes fiscales y daños financieros, sino que también han conformado una casta muy peligrosa de políticos, empresarios, delincuentes, de gente que se dedica y que tiene como oficio poner en jaque a las instituciones del Estado mexicano”, afirmó.
Frente a este escenario, Ramírez Cuéllar consideró necesario discutir cambios tributarios sin que el debate se limite al término de “reforma fiscal”. Su objetivo, explicó, sería llevar los ingresos a alrededor del 20% del PIB hacia 2030.
“Llámese como se le llame, lo que sí necesitamos es llegar a tener un monto de ingresos de alrededor del 20% del PIB. Necesitamos que para el 2030 incrementemos los ingresos fiscales”, sostuvo.
Entre las alternativas que puso sobre la mesa se encuentran revisar la tributación de las grandes fortunas, mayores gravámenes al comercio digital y a actividades relacionadas con la inteligencia artificial, así como reforzar los mecanismos para combatir la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El legislador afirmó que existen alrededor de 370 mil contribuyentes identificados con problemas de evasión de este impuesto y sostuvo que prácticamente todo el sistema debe ser revisado, siempre bajo criterios de protección a los contribuyentes, Estado de derecho y crecimiento económico.

La advertencia de Ramírez Cuéllar ocurre mientras México enfrenta simultáneamente el crecimiento de obligaciones presupuestarias, el costo financiero de la deuda, las necesidades de Pemex y la demanda de mayores recursos para inversión pública.
El diputado reconoció que aumentar los ingresos puede implicar costos políticos, pero sostuvo que el problema requiere un acuerdo entre trabajadores, empresarios, gobiernos estatales, municipios y el gobierno federal.
“Sí tenemos un riesgo estructural que nos puede llevar a una crisis fiscal del Estado mexicano”, advirtió.
Para Ramírez Cuéllar, el margen decisivo estará en los próximos años. Si México no consigue elevar su recaudación y fortalecer financieramente al Estado antes de que aumenten todavía más las obligaciones de gasto, el país podría enfrentar mayores dificultades para sostener simultáneamente pensiones, programas sociales, inversión, educación y salud. En su análisis, 2028 aparece como un año clave para evitar que esas presiones desemboquen en una crisis fiscal.