Diputados aprueban en lo general la Ley de Inversión Extranjera

La Cámara de Diputados aprobó en lo general las disposiciones de la Ley General de Inversión Extranjera, con 314 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones.

La propuesta fue enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso el 30 de agosto de 2026 y aprobada por el Senado el 1 de octubre. Tras el aval en lo general en San Lázaro, el dictamen pasa a la discusión en lo particular.

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Reforma plantea revisión de inversiones por seguridad nacional

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un nuevo apartado a la legislación, denominado “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”. Este contempla una revisión previa de determinadas adquisiciones en las que el capital extranjero busque superar el 49% de participación de control en empresas mexicanas, bajo criterios relacionados con sectores estratégicos y un umbral económico de activos.

La reforma también propone incorporar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), con voz y voto, a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital.

Además, contempla la participación permanente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), con voz, pero sin voto, para revisar el origen de los recursos.

Reforma genera debate por certeza jurídica y soberanía

Entre los argumentos a favor, Morena y aliados sostienen que los cambios permitirán proteger la infraestructura crítica, los datos personales y la soberanía nacional.

Como parte de la defensa de la propuesta, también se ha señalado que México captó 34 mil 968 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026.

En contraste, legisladores de oposición han advertido sobre posibles riesgos para la certeza jurídica de los inversionistas, debido a que algunos criterios económicos quedarían a consideración de la CNIE. También han cuestionado la participación de las Fuerzas Armadas en las decisiones sobre operaciones de inversión.