Amílcar Olán operaría red de corrupción con respaldo de ‘Andy’ y Gonzalo López Beltrán, revela periodista

Amílcar Olán habría operado una red de corrupción con el respaldo de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para obtener contratos multimillonarios en Dos Bocas, el Tren Maya y otras obras federales, con posibles vínculos con el crimen organizado. Es la reflexión de Mario Gutiérrez, coordinador de Investigaciones de Latinus.

En entrevista para Político MX, reveló que las grabaciones y documentos analizados apuntan a negocios por unos 40 mil millones de pesos, cuyo destino aún no está esclarecido. Además de que empresas que estarían relacionadas con Olán seguirían suministrando materiales para proyectos ferroviarios de la actual administración.

Gutiérrez explicó que el análisis de las llamadas permitió reconstruir cómo Olán pasó de ser un pequeño empresario dedicado a la venta de pisos y azulejos en Tabasco a convertirse en un operador con acceso privilegiado a funcionarios federales, mandos militares y responsables de proyectos estratégicos.

Atribuye crecimiento de Olán a hijos de AMLO

Ese crecimiento, lo atribuyó a la intervención de Andy y Gonzalo López Beltrán, quienes, según sus investigaciones, facilitarían su entrada a distintas dependencias del gobierno.

Para el periodista, resulta difícil explicar que un empresario de esas características alcanzara semejante influencia sin el respaldo de personas cercanas al entonces presidente.

Las conversaciones, explicó, no solamente exhiben presuntas gestiones para conseguir contratos públicos, sino mecanismos para incrementar ganancias, manipular costos y permitir el suministro de materiales que posiblemente incumplían las especificaciones técnicas del Tren Maya.

Sostuvo que la corrupción habría alcanzado tanto a quienes gestionaban contratos desde las altas esferas gubernamentales como a los encargados de supervisar directamente las obras.

“No es solo un tráfico de influencias. No solo son negocios al amparo del poder, sino también es corrupción cuando ellos le dan dinero al laboratorio para que deje pasar miles de toneladas de balasto que no tienen el grosor, quizá, ni el peso para soportar el paso del tren, pues eso es corrupción a final de cuentas”, afirmó.

40 mil millones de pesos en negocios de Olán

La dimensión financiera de los negocios representa otro de los puntos centrales de la investigación. Mario Gutiérrez estimó que Olán habría participado en operaciones por aproximadamente 40 mil millones de pesos, de los cuales 22 mil millones corresponderían a negocios relacionados con la refinería Dos Bocas, según lo expresado por el propio empresario en las grabaciones.

Frente a estas cantidades, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó movimientos por alrededor de 1,400 millones de pesos vinculados con Suiza, lo que abre interrogantes sobre el destino de los demás recursos, sus beneficiarios finales y las empresas utilizadas para dispersarlos.

“El rastreo del dinero y lo que uno esperaría de la autoridad es que fueran viendo y reconstruyendo hacia dónde se fue el resto del dinero. ¿Lo tiene él? ¿Lo depositó alguien más? ¿Qué red tienen? ¿Qué empresa está o en qué empresas están paraísos fiscales? Al hablar de esa cantidad de dinero, el mundo es infinito, porque imagínate dispersar 40 mil millones de pesos”, señaló Gutiérrez al insistir en que las investigaciones financieras deberían establecer quiénes recibieron los beneficios de los negocios y si parte de esos recursos terminó en manos de intermediarios, funcionarios o estructuras políticas.

“Nahle tendría que saber quien obtiene contratos por 22 mil mdp”

El coordinador de Investigaciones de Latinus también dirigió sus señalamientos hacia Rocío Nahle, quien encabezó la Secretaría de Energía durante la construcción de Dos Bocas, y Leonardo Cornejo, responsable del proyecto.

Consideró difícil que contratos de semejante magnitud pudieran desarrollarse sin conocimiento de los principales funcionarios encargados de la obra.

“La secretaria de Energía tendría que saber a quién se le dan 22 mil millones de pesos de un proyecto prioritario de su secretaría y de su gobierno”, afirmó.

Su crítica alcanzó al expresidente López Obrador por el acceso que Olán habría tenido a Palacio Nacional y por la intervención atribuida a sus hijos, aunque reconoció que desconoce si el exmandatario tuvo conocimiento directo de las operaciones.

Los vínculos con el crimen organizado

Las presuntas conexiones con el crimen organizado constituyen otra vertiente de las investigaciones. Explicó que las llamadas señalan a Luis Alberto, hermano de Amílcar Olán, como intermediario con un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación conocido como ‘el Tanque’, quien mantenía influencia en zonas del sur de Veracruz donde se extraía balasto para el Tren Maya.

Según su relato, esa relación habría permitido intervenir frente a extorsiones contra propietarios de minas y transportistas para mantener las operaciones comerciales. Sin embargo, precisó que los audios no documentan vínculos directos de Andrés o Gonzalo López Beltrán con el CJNG.

Las presuntas irregularidades tampoco habrían terminado con el sexenio anterior porque advierte que empresas relacionadas con Olán continuarían comercializando balasto con contratistas de nuevos proyectos ferroviarios federales.

“Nosotros, te digo, lo estamos documentando con papeles en donde la empresa que recibe los contratos del gobierno sigue comprando balasto a empresas satélite que operaron para Amílcar”, aseguró.

Dijo que las autoridades deben esclarecer qué mecanismos existen para impedir que proveedores asociados con operaciones presuntamente irregulares continúen participando indirectamente en obras financiadas con recursos públicos.

Grabaciones también ponen en la mira a otros funcionarios de AMLO

Para el periodista las grabaciones también ponen bajo escrutinio la actuación de quienes encabezaron las principales instituciones durante el gobierno de López Obrador.

Señaló que las conversaciones permiten identificar gestiones ante dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, el IMSS y otras oficinas federales, además de relaciones con personajes políticos de Tabasco, entre ellos Adán Augusto López y Javier May. Consideró que el acceso de Olán a funcionarios de primer nivel y la magnitud de los negocios ameritan una investigación que establezca responsabilidades, más allá de las negativas públicas de algunos de los personajes mencionados.

Al concluir dijo que el análisis de las grabaciones y su contraste con contratos públicos permite reconstruir una presunta estructura de corrupción que habría alcanzado los círculos cercanos a Palacio Nacional.

“Creo que esta investigación y ‘El Clan’ en general lo que nos deja es el discurso de no hay corrupción, se acabó la corrupción (...) Bueno, lo que dice ‘El Clan’ es que sí hay corrupción”, afirmó. Insistió en que las autoridades deben esclarecer el destino del dinero, la intervención de funcionarios y empresarios y la posible continuidad de los negocios en la actual administración, para determinar si los señalamientos periodísticos constituyen conductas delictivas y quiénes podrían ser responsables.