
El Consejo General del INE acordó por unanimidad pedir a la ASF una fiscalización emergente a la gestión de Guadalupe Taddei. - Foto: Cuartoscuro
El Consejo General aprobó por unanimidad solicitar a la ASF una revisión extraordinaria de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de auditorías externas para revisar la gestión de la expresidenta del Instituto

La administración de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) será sometida a nuevas auditorías financieras y administrativas.
El Consejo General aprobó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente, así como auditorías externas para examinar las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados durante la gestión de la exconsejera presidenta.
La decisión forma parte de un proyecto presentado por la consejera Carla Humphrey, cuyo propósito es restablecer la integridad institucional y reforzar los mecanismos de control interno del organismo, luego de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la administración anterior.

El acuerdo aprobado por los consejeros plantea solicitar a la ASF un ejercicio emergente de fiscalización sobre la función y el desempeño de las áreas responsables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto. También contempla la intervención de autoridades competentes para que actúen dentro de sus atribuciones.
Como parte de las medidas, los 10 consejeros electorales en funciones acordaron pedir auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), instancia que también ha quedado bajo cuestionamientos por su presunta cercanía con el grupo relacionado con Taddei, de acuerdo con fuentes del Instituto.
La revisión busca ampliar el escrutinio sobre los procedimientos administrativos y la contratación de proveedores durante la gestión de la exfuncionaria, además de fortalecer los controles para evitar que posibles irregularidades se repitan.
A las auditorías se suma la decisión de los 10 consejeros de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos relacionados con la administración de Taddei.
Entre los posicionamientos, el consejero Arturo Castillo subrayó que la FGR debe considerar realizar diligencias de oficio ante los escándalos que rodean la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
“Me parece que este caso que estamos viendo el día de hoy es justamente para el tipo de casos para los que se introdujo esta figura en el artículo 19 constitucional. De nuevo, insisto algo que ya he dicho en medios, un llamado a la Fiscalía General de la República para que considere realizar diligencias de oficio y que valore si aplica o no aplica lo previsto en el artículo 19 de la Constitución”, dijo.
Asimismo, entre las conductas que se plantean para su investigación están enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones.
Los posibles delitos estarían relacionados con presuntos vínculos de negocios entre la exconsejera presidenta y los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Corresponderá a la Fiscalía determinar si existen elementos para investigar y, en su caso, establecer responsabilidades.
Con estas medidas, el INE abre una nueva etapa de revisión sobre el manejo administrativo de la gestión anterior. Tanto la fiscalización de la ASF como las auditorías externas y las actuaciones de la FGR deberán esclarecer si existieron irregularidades y quiénes podrían ser responsables.