Asesora de Taddei también habría influido en contratos millonarios del INE

La asignación de contratos a empresas vinculadas con familiares y contratistas puso en la mira la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). La polémica sigue creciendo, pues en el centro de estas operaciones ahora aparece Lourdes Piña Soria del Valle, conocida como “Lulú”, una colaboradora que pese a no tener un cargo formal en el organismo, habría influido en decisiones de Comunicación Social y en la recomendación de proveedores.

De acuerdo con una investigación de El País, el Órgano Interno de Control (OIC) revisa diversos contratos otorgados ligados a “Lulú” que se entregaron durante la administración de Taddei, esto ante posibles conflictos de interés y tráfico de influencias, pues una de las empresas beneficiadas está a cargo de su hija.

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La red de proveedores vinculados con el entorno de Lourdes Piña

El diario documentó que “Lulú” tenía injerencia en la comunicación institucional, organizaba entrevistas y recomendaba empresas para prestar servicios al Instituto.

Entre las compañías señaladas se encuentra Promotora de Noticias Exactas, encabezada por Itzel Sandino Piña, hija de Lourdes Piña, que habría recibido contratos por al menos cuatro millones de pesos durante 2024. La empresa permaneció en el registro de proveedores del INE hasta 2025.

Otro de los casos corresponde a Gilberto Solís Mendívil, también cercano a Lourdes Piña, obtuvo una adjudicación directa por un millón 57 mil pesos en 2025 para producir una miniserie documental sobre la elección judicial, proyecto fue cuestionado por los consejeros Carla Humphrey y Martín Faz debido a que no se había presentado un producto que pudiera ser revisado.

También aparecen Unordinary Business Consultants, que recibió contratos por servicios relacionados con la elección judicial y el análisis de productos de comunicación, así como MCCLAU Comunicación Integral, a la que se asignó un contrato superior a 1.2 millones de pesos para capacitación en análisis político-social, desinformación e inteligencia artificial.

El OIC revisa contratos por posibles irregularidades

Durante una comparecencia ante diputados, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre la revisión de tres contratos de áreas de Comunicación Social, Asuntos Internacionales y Capacitación Electoral y Educación Cívica, por un monto conjunto de 3 millones 532 mil 838 pesos.

Entre las observaciones se encontraban la falta de justificación para contratar servicios externos, posibles vínculos entre personas involucradas y proveedores, así como ausencia de entregables comprobables.

El órgano de control también revisó otro contrato cercano a 1.3 millones de pesos, cuya vigencia fue de apenas nueve días. En ese caso, identificó que el director de la empresa contratada posteriormente ocupó un cargo dentro del área del INE que había solicitado el servicio y que después pidió una nueva contratación con el mismo proveedor. Los entregables también fueron señalados por inconsistencias.

Salidas en el área de Comunicación Social

La influencia de Piña también habría alcanzado decisiones internas del área de Comunicación Social. La investigación refiere su participación en la salida de Carmen Urías y en la recomendación de Sergio Uzeta para ocupar la dirección de esa área en octubre de 2025.

Entre las personas identificadas como parte de la red de colaboradores aparecen:

• Juan Gerardo Reyes Villaseca
• Amparo Brindiz Amador
• Ramón López Castro, este último relacionado con Promotora de Noticias Exactas

También se menciona a Jorge Yanic Pérez Verti García, quien había trabajado con Piña en proyectos de comunicación.

El INE confirmó la renuncia de Uzeta y de otros 29 integrantes del personal. También dejó el cargo Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y firmante de contratos bajo revisión.

Las observaciones del OIC forman parte de procedimientos de revisión y no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva sobre responsabilidades. Las posibles irregularidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme avancen las investigaciones.