
El expresidente Gustavo Petro cuestionó los resultados de los comicios de 2026, cuyos sistemas fueron avalados por auditorías internacionales - Foto: Tomada de Facebook/ Gustavo P
Observadores internacionales avalaron las elecciones de 2026 en Colombia, mientras documentos de la DNI revelan un presunto plan para intervenirlas

Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 quedaron en el centro de una controversia que involucró al entonces presidente Gustavo Petro, las autoridades electorales y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Mientras el mandatario sostuvo que existían irregularidades en el proceso y acusó a la Registraduría de participar en un supuesto fraude, informes de observación y auditorías técnicas respaldaron la integridad de los resultados. A la par, documentos de la propia inteligencia estatal señalaron un presunto plan para intervenir los sistemas electorales.
El 21 de junio, Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria en la segunda vuelta frente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y representante de la continuidad política de Petro. Después del escrutinio nacional, las autoridades electorales declararon los resultados, aunque el mandatario mantuvo sus cuestionamientos contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y su titular, Hernán Penagos.
La discusión no se limitó a las declaraciones públicas. Una investigación de Noticias Caracol expuso documentos internos de la DNI que describían una posible operación para modificar los resultados en favor de Cepeda o, en caso de no conseguirlo, desacreditar la elección mediante acusaciones de fraude. El caso derivó en investigaciones de la Fiscalía y en la detención de Carlos Andrés Oyola Tovar, señalado como presunto coordinador de la red.
Durante la campaña presidencial, Petro puso en duda la confiabilidad de los mecanismos de conteo y de las empresas vinculadas con la operación electoral. A través de sus intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, insistió en que existían elementos para advertir de una posible alteración de los resultados.
“Presento las bases comprobadas del posible fraude, que puedo entregar a la autoridad competente. Dije que no reconocía los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista porque tengo datos”, afirmó antes de la segunda vuelta.
En sus señalamientos también incluyó a Thomas Greg & Sons y a su filial Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.), empresas a las que relacionó con un supuesto fraude en los procesos electorales de 2018, 2022 y 2024.
Thomas Greg & Sons, especializada en impresión de alta seguridad, fabricación de tarjetas inteligentes y soluciones tecnológicas, rechazó las acusaciones del exmandatario. La compañía fue fundada en 1991 y cuenta con operaciones en más de una decena de países, incluidos México y Colombia.
Pese a las denuncias de Petro, los informes publicados después de la jornada electoral no respaldaron la existencia de una manipulación de los resultados. Organismos internacionales y organizaciones especializadas revisaron distintos aspectos de la elección y reportaron condiciones de transparencia y consistencia técnica.
El 9 de noviembre, Noticias Caracol difundió documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia que identificaron a Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas incorporado a la agencia en 2024, como presunto responsable de coordinar una red que habría intentado atacar los sistemas de la Registraduría.
Según el contenido de los archivos citado por el medio colombiano, la operación habría tenido como propósito intervenir los sistemas de información electoral durante la segunda vuelta del 21 de junio. La estrategia contemplaba dos alternativas: favorecer una “victoria dirigida” de Iván Cepeda o, si esto no se conseguía, generar dudas sobre la legitimidad de los comicios mediante una denuncia de fraude.
Oyola fue detenido el 6 de noviembre en Neiva, en un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército. Posteriormente, un juez ordenó su ingreso a prisión mientras se desarrollan las investigaciones por su presunta participación en delitos informáticos y en el intento de afectar los sistemas electorales. Hasta ahora, su detención no constituye una sentencia condenatoria.
El medio reportó que René Guarín, entonces director encargado de la agencia, solicitó el 9 de abril a la Registraduría una copia del censo electoral con datos individualizados de los ciudadanos habilitados para votar.
La solicitud contemplaba información como números de identificación, edad, género, grupo poblacional y lugar de votación. Guarín habría justificado el requerimiento bajo el argumento de seguridad nacional, pero la Registraduría se negó a entregar esos datos.
De acuerdo con la investigación periodística, después de la negativa se habría considerado una alternativa para atacar los sistemas de la autoridad electoral. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que disponer de información personal de los votantes podía facilitar prácticas de presión, amenazas o compra de votos.
Las revelaciones sobre la presunta operación de la DNI se conocieron en un contexto de incidentes cibernéticos contra la autoridad electoral. Según los datos difundidos, la Registraduría, encabezada por Hernán Penagos, presentó 71 denuncias por ataques desde marzo.
La entidad también reportó ante la Fiscalía 109 millones de ataques contra su página web durante el periodo comprendido entre la primera y la segunda vuelta presidencial. No obstante, el mismo reporte indicó que ninguno logró penetrar los sistemas electorales ni modificar los resultados.
El 27 de octubre, antes de que se difundieran los documentos internos de inteligencia, el abogado Jaime Lombana y el senador Efraín Cepeda, junto con otros dirigentes, presentaron una denuncia contra Petro y antiguos funcionarios de su administración ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En contraste con los señalamientos del entonces presidente, distintas misiones y organizaciones dieron seguimiento a las elecciones y emitieron evaluaciones sobre su desarrollo. El Centro Carter calificó la segunda vuelta como pacífica y bien organizada, además de destacar la confiabilidad, transparencia y trazabilidad del sistema electoral.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también describió los comicios como transparentes y organizados. A estas evaluaciones se sumaron los trabajos de la Organización de los Estados Americanos y de la MOE Colombia, que revisaron el proceso electoral desde distintas perspectivas.
En el terreno técnico, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, mediante su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), realizó una auditoría externa de componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales de la segunda vuelta. El informe final, publicado el 4 de agosto, indicó que no encontró evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos.
La MOE Colombia también reportó consistencia técnica en la información proporcionada por la Registraduría. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que no se había acreditado la existencia de fraude ni de adulteración de los resultados.
De esta manera, las acusaciones de Petro contra las autoridades electorales quedaron frente a evaluaciones que respaldaron el proceso, mientras las revelaciones sobre la DNI abrieron otra línea de investigación: la posible intervención de los sistemas que el propio exmandatario había señalado como vulnerables.