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Fotos: Cuartoscuro.com

Javier Duarte, Borge, Villanueva: así fueron sus extradiciones

Jue 16 Julio 2020 21:13

La llegada de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, extraditado desde España se suma a otros casos que generan amplias expectativas políticas, judiciales y mediáticas. Algo similar ocurrió en su momento con los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, así como los de Quintana Roo, Roberto Borge y Mario Villanueva. Todos ellos altos funcionarios acusados de actos de corrupción y que fueron traídos al territorio para enfrentar un juicio. Episodios recientes que nos sirven para tener un panorama de lo que significa tener un caso más de ese tipo.

Javier Duarte

En julio de 2017 capturaron al ex gobernador de Veracruz en un hotel de lujo en Guatemala y casi de inmediato inició su proceso de extradición por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Las audiencias fueron transmitidas en tiempo real por internet e incluso los periodistas de aquel país tuvieron oportunidad de entrevistarlo.

Fue ahí que declaró la ahora célebre frase: “paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia”; en el que se vio a un Javier Duarte despreocupado. Finalmente, El 17 de julio a las 9:43 de la mañana las autoridades guatemaltecas lo entregaron legalmente a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y llegó a México en medio de un operativo de seguridad.

Luego de audiencias ampliamente difundidas y cubiertas por la prensa, Javier Duarte pactó con la PGR para llevar su procedimiento abreviado a cambio de una sentencia mínima, para ello la Procuraduría modificó uno de los delitos que le imputó de delincuencia organizada a asociación delictuosa. El 26 de septiembre de 2018 fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Roberto Borge

En 2017, el exgobernador de Quintana Roo fue detenido en Panamá por tener acusaciones lavado de dinero; luego de 214 días, el 4 de enero de 2018, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde de inmediato fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La primera audiencia tuvo un espacio insuficiente para la cantidad de medios que la cubrieron. La fila afuera del Centro de Justicia comenzó desde el 3 de enero a las 22:00 horas; incluso los policías que lo trasladaron se equivocaron de lugar y la diligencia se retrasó el día 4 por tres horas. Además de los abogados de Borge y medios de comunicación, la PGR envió un equipo de más de 10 ministerios públicos para auxiliar a quienes comparecieron y para observar la diligencia.

La defensa pidió al juez decidir ahí mismo la situación jurídica de su cliente lo que resultó en una diligencia de 16 horas; se determinó vincularlo a proceso por lavado de dinero de un desvío millonario que según la PGR se calculó por más de 900 millones de pesos. Hasta ahora su juicio no ha logrado avanzar debido a que existe un amparo pendiente de resolución en el que su defensa impugnó la vinculación a proceso.

Mario Villanueva

Pocos recuerdan que él fue el primer exgobernador mexicano que fue entregado en extradición a autoridades de Estados Unidos para que sea juzgado por narcotráfico y asociación delictuosa. La acusación indicó que “desde 1993 hasta 1999 suministró apoyo estatal y federal para que el cártel de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, introdujera a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, cientos de toneladas de cocaína procedentes de Colombia, para después ser transportadas a Estados Unidos”.

Cuando se revelaron sus nexos, el propio presidente Ernesto Zedillo envió a un investigador especial a Quintana Roo. Villanueva se dio a la fuga y dos años después fue capturado por la DEA con apoyo de la PGR. Tras un laberinto de condenas y revocaciones, fue extraditado a Estados Unidos, donde pactó con la Fiscalía una sentencia de 11 años por lavado de dinero.

En enero de 2017 volvió a México para ser ingresado en la Cárcel de Máxima Seguridad en Morelos con la intención de cumplir una sentencia definitiva por 22 años y 11 meses. Apenas el 10 de junio de 2020, tras la entrada en vigor de una nueva política de amnistía, se le autorizó permanecer en arresto domiciliario. Se argumentó que esta medida también tenia el propósito de evitar que su salud se viera comprometida debido a la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID 19.

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