
La FGR apunta al presunto ocultamiento de pruebas; entre los señalados figuran el exgobernador Ángel Aguirre y la exmagistrada Lambertina Galeana. - Foto: Cuartoscuro / FB Lambertina Galeana
La FGR sostiene que una nueva línea de investigación apunta al presunto ocultamiento de pruebas; entre los señalados figuran el exgobernador Ángel Aguirre y la exmagistrada Lambertina Galeana.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló una nueva línea de investigación en el caso Ayotzinapa que apunta al presunto ocultamiento deliberado de evidencias. Las indagatorias apuntan a exfuncionarios del gobierno de Guerrero que, de acuerdo con la autoridad federal, habrían participado en la desaparición de videograbaciones captadas la noche del 26 de septiembre de 2014.
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Con este nuevo frente de investigación, el caso pone bajo la lupa a dos exfuncionarios señalados por el presunto ocultamiento de información relacionada con uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
La FGR informó este 6 de agosto que obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, tras un reanálisis de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
La fiscal general Ernestina Godoy explicó que las nuevas diligencias permitieron acreditar la posible participación del exmandatario en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
Según la Fiscalía, las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas frente al Palacio de Justicia de Iguala grabaron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, donde viajaban los normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales la noche del 26 de septiembre de 2014.
La institución recordó que durante años se sostuvo que esas videograbaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, afirmó que nuevos actos de investigación demostraron que esa versión era falsa. De acuerdo con Ernestina Godoy:
Con esos elementos, la FGR sostiene que el ocultamiento de las grabaciones no fue una omisión técnica, sino una operación deliberadamente estructurada desde la “cúpula del Poder Ejecutivo estatal”. Por ello, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Aguirre por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, misma que fue cumplimentada en el Estado de México.
Otro de los nombres que aparece en esta línea de investigación es el de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
En mayo de 2025, agentes de la FGR la detuvieron por su presunta responsabilidad en la destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas.
La Fiscalía sostiene que Galeana Marín habría eliminado videograbaciones, material considerado relevante para reconstruir lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Su captura fue realizada en Chilpancingo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
Tras esa detención, trascendió que Ángel Aguirre Rivero también era considerado un objetivo prioritario dentro de las investigaciones. En ese momento, el exgobernador negó cualquier participación, aseguró que nunca tuvo conocimiento de los videos presuntamente destruidos, afirmó que jamás dio instrucciones sobre ese material y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.

Político MX realizó una consulta en el Registro Nacional de Detenciones para saber en dónde se encuentra detenida la exmagistrada; sin embargo, la página no arrojó resultados.
No obstante, de acuerdo con medios locales, “abogados litigantes de casos penales” creen Lambertina Galeana estaría en prisión domiciliaría por su edad avanzada cercana a las 81 años.

La Fiscalía sostiene que esta nueva línea de investigación deriva del reanálisis integral de las actuaciones realizadas durante más de una década sobre el caso Ayotzinapa.
Según Ernestina Godoy, los nuevos testimonios y actos de investigación permitieron abrir líneas que anteriormente no habían sido acreditadas y apuntan a un presunto esquema de ocultamiento de evidencias desde altos niveles del gobierno estatal de Guerrero.
La fiscal aseguró que las investigaciones continuarán para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes y determinar la responsabilidad de todas las personas que hayan participado en los hechos o en el presunto ocultamiento de pruebas. Asimismo, señaló que la institución mantendrá informadas a las familias de los normalistas conforme lo permita el debido proceso.
