Los focos rojos en el INE rumbo al 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya se encuentra en plena planeación del proceso electoral del 2027, el cual representa uno de sus mayores retos por el tamaño de los comicios. Aunado a esto está la amenaza de recortes presupuestales de la administración federal.

Sin embargo, los comicios no son el único obstáculo que enfrentan los consejeros, ya que existen pugnas internas en el propio Consejo General por las posturas de una mayoría de sus integrantes encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, que han hecho de las sesiones un clima de roces y desacuerdos en cuanto a la labor que desempeña el Instituto.

A esto se le suma, el recorte de personal y reestructuraciones en sus órganos más importantes complejizan aún más la situación, dejando ver a un Instituto que puede verse rebasado en una de las elecciones más importantes.

Peleas internas: Taddei y bloque opositor

En el Consejo General del INE se ha destacado una división visible dentro de sus miembros en dos bloques. El primero estaría integrado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, Frida Denisse Gómez, Norma Irene de la Cruz Magaña, Rita Bell López, Jorge Montaño, Blanca Yassahara Cruz y Arturo Chávez López.

Dicho bloque es señalado de beneficiar y tener cercanía con Morena. Tan solo Taddei Zavala y su familia son cercanos a AMLO, mientras que Arturo Chávez fue colaborador de Claudia Sheinbaum durante su jefatura de Gobierno en la Ciudad de México; por ello la autonomía e independencia del instituto con el gobierno ha sido cuestionada por la oposición.

Por otro lado, están los consejeros Martín Faz, Arturo Castillo, Carla Humphrey y de vez en cuando Uuc-kib Espadas, quien ha estado en ambos lados dependiendo del tema discutido, se han mostrado más críticos ante las determinaciones y la gestión de Taddei.

Boletas planchadas y observadores electorales

Entre las decisiones que se han discutido en torno a la elección que han generado alarmas y críticas, está la flexibilización de reglas para los observador electorales. El 3 de septiembre, una mayoría de 6 consejeros se inclinó por eliminar el cruce de la lista de observadores electorales con la del padrón de Servidores de la Nación. Con este método, se evita que funcionarios públicos estén dentro del proceso.

Ahora quien quiera ser observador, debe presentar un escrito donde declare no ser ni haber sido servidor público en el último año. Taddei defendió la medida porque en el 2024 se detectó a 24 personas que eran servidores y 45 mil en la elección judicial, en la cual se inscribieron 300 mil ciudadanos.

También se vio el tema de las llamadas “boletas planchadas”, documentos que aparecen sin dobleces dentro de las urnas. Al hacerse el recuento de votos eran declarados inválidos ya que la ranura por la que se depositan no cuenta con el tamaño para que pase desdoblada. Ahora el INE aprobó que estos no se declararán inválidos de inicio, sino que se analice si son computadas en la elección.

El bloque de Taddei aprobó la decisión en medio de las quejas de los otros consejeros y representantes de partidos.

Para el consejero Ucc-kib Espadas, la decisión da pie a que aumenten las malas prácticas y el fraude en las elecciones: “El INE no puede ser ambiguo ante esto. El INE tiene que marcar un alto a estas prácticas”, afirmó Espadas.

Mientras que la consejera Carla Humphrey señaló en un video el 8 de septiembre que a pesar de ser decisiones técnicas, “sin duda tendrán un impacto en la organización, pulcritud e integridad del proceso electoral, por lo que no pude acompañarlas”.

Falta de acción por actos anticipados

El 10 de este mes, el INE declaró el arranque del proceso electoral, aunque Morena, PAN y PRI iniciaron mucho antes las actividades para definir y promover a sus futuros candidatos bajo los nombres de “coordinadores” y “defensores”. Pero el Instituto no ha tomado cartas en el asunto.

Con motivo de las quejas de otras agrupaciones, desde marzo, el consejero Arturo Castillo hizo un exhorto para formalizar medidas legales que regulen estos procesos: fiscalización y poner límites en los eventos. Tras dos intentos de abordar el tema, el 23 de julio, Jorge Montaño presentó su proyecto para discutirlo, pero al momento de abordarlo, lo retiró de la orden del día para hacerle ajustes.

La justificación fue que debían atenderse las observaciones de los partidos políticos y una mayoría de 8 apoyó la decisión. Representantes de Somos y PAN criticaron la decisión considerando que los ponía en desventaja. Mientras que los consejeros Carla Humphrey y Martín Faz insistieron en la importancia de tener estas reglas cuanto antes.

“El problema de que no exista esta reglamentación, el problema de que se sigan postergando estos lineamientos, pues es que cualquiera puede hacer lo que quiera, aunque sin duda la ventaja la llevan quienes tienen más recursos”, señaló Faz en una entrevista con Julio Astillero. Hasta el momento, la discusión continúa en el tintero.

Renuncias y despidos

También ha habido una reconfiguración dentro del Instituto con la elección a la vuelta de la esquina con el cambio de directores. El más reciente fue la renuncia de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva del INE de forma sorpresiva por motivos de salud.

Por ello, Taddei designó a su cercano Roberto Carlos Félix como encargado de despacho de dicha secretaría, la cual ha tenido cuatro cambios. Lejos de dar estabilidad en lo que se designa a una nueva persona, a su llegada solicitó la renuncia de todo el personal que trabaja en el área con Arlett Espino, según reportó el medio La Silla Rota.

La situación preocupa aún mas porque estas supuestas renuncias se suman a los 836 despidos de trabajadores del Instituto a inicios de este año, entre los que se encuentran técnicos verificadores, analistas y asesores de área que ya contaban con experiencia, según documentó el Universal.

Los hechos generaron molestias incluso en la consejera Rita Bell López quien a inicios de junio expresó su preocupación por el despido masivo de empleados: “es preocupante que decisiones como esta no se sustenten en una base objetiva, ni en una metodología clara o en un sistema sólido de evaluación que justifique la separación del número considerable de personas que se les está pidiendo la renuncia”.

Presupuesto rumbo 2027

Fuera de los problemas internos, el INE enfrenta un reto mayúsculo. Los comicios serán de los más grandes: 17 gubernaturas, 500 espacios de la Cámara de Diputados, más de mil diputaciones locales y más de 2 mil gobiernos municipales.

Para su organización, la Comisión Temporal de Presupuesto 2027 presentó su anteproyecto solicitando 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos. De estos 14 mil millones son para actividades ordinarias, 17 mil millones para la Cartera Institucional de Proyectos y 4 mil millones el presupuesto precautorio. La suma, sin embargo, no cayó bien.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue la primera en reprobar la estimación al considerarla excesiva por rebasar el presupuesto de las elecciones del 2024: “Están presentando una cifra 15 mil millones más arriba de lo que costó la elección del 2024. Entonces nos parece que es exagerada”.

Al considerar que las dimensiones de la elección eran similares a las del 2024 (pues fue Presidencia; senadurías y diputaciones federales y locales; 9 gubernaturas y más de mil ayuntamientos y alcaldías), propuso que se tome en consideración el costo anterior y se ajuste con la inflación acumulada.

Finalmente el 18 de agosto el Consejo General aprobó el anteproyecto de presupuesto de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, el cual se remitiría al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y que se está considerando.

Ahora la Cámara de Diputados debe aprobar o modificar el presupuesto final, pero ya se marcó línea a seguir.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que no aprobarán la cifra propuesta por el árbitro. Adelantó que pedirán al titular del Organo interno de Control (OIC) del INE una tarjeta con los rubros donde puedan disminuir el gasto sin que se ponga en riesgo la organización de la elección: “tiene una obligación de vigilar el gasto del INE y en esa razón, tiene autoridad para proponernos un ajuste”.

Así la situación para el INE se complica, pues aunque el Organo de Control es del Instituto, su titular es definido por la Cámara de Diputados.

El escenario es turbulento: la credibilidad del Instituto se encuentra ya en duda ante las reglas laxas que ha determinado y la posible reducción del presupuesto pone en duda si se mantiene la capacidad operativa del mismo para asegurar elecciones limpias.