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El triunfo de Donald Trump representa un desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum en al menos tres frentes clave.
El primero es en materia migratoria, donde el candidato ganador ha prometido políticas de deportaciones masivas y un endurecimiento en las políticas de nacionalidad y asilo.
El segundo es en el ámbito de la seguridad, donde varias voces del entorno trumpista, incluyendo al próximo vicepresidente, han prometido usar la fuerza contra organizaciones de crimen organizado en México.
El tercero, relacionado con los dos anteriores, concierne al tema comercial, donde Trump ha anunciado la aplicación de aranceles a los productos que México exporta a Estados Unidos como medida de presión para obtener concesiones en los terrenos migratorio y de combate al narcotráfico.
Algunos observadores, con un optimismo cauteloso, señalan que estas fuentes de tensión pueden verse matizadas por factores como la guerra comercial con China, que estimula el fortalecimiento de alianzas en Norteamérica, o por los procesos de integración ya muy avanzados que, en la práctica, implican que afectar la relación con México y sus migrantes también podría dañar la economía de Estados Unidos.
Sin embargo, estas interpretaciones parecen asumir que la racionalidad económica prevalecerá sobre los compromisos y las promesas hechas por Donald Trump a su base de simpatizantes.
Veremos, a partir del 20 de enero, qué medidas anunciadas se implementan y qué estrategias encuentra el gobierno mexicano para enfrentar esta nueva realidad, que se suma a la ya compleja situación que vive nuestro país.