Excusas judiciales

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, declaró este pasado 10 de febrero que solicitará a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia que se excusen de participar en la sesión en que se discutirá un proyecto sobre las suspensiones judiciales en contra del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.

“Estamos solicitando –dijo—por parte del jurídico del Tribunal Electoral que se excuse de participar al ministro [Alfredo Gutiérrez] Ortiz Mena, [Javier] Laynez, la ministra presidenta [Norma Lucía Piña Hernández] y el ministro [Jorge Mario] Pardo porque ellos se han pronunciado en contra de esta elección. Incluso uno de ellos en medios de comunicación se autonombró activista”.

La magistrada presidenta presentó esta posición en una conferencia de prensa acompañada por los otros dos magistrados oficialistas, Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, lo que mostraba su apoyo. Era significativa también la ausencia de los dos magistrados independientes, Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, las llamadas “ministras del bienestar”, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, han expresado en repetidas ocasiones su respaldo a la reforma judicial y a la elección de nuevos juzgadores. No solo eso: han estado abiertamente en campaña, a pesar de estar prohibido, para lograr votos y ocupar nuevamente cargos en la Corte. Están buscando el número máximo de sufragios para llegar a la presidencia del máximo tribunal. Este activismo de las ministras del régimen no le inquietó al “jurídico” del Tribunal Electoral o a su presidenta.

Lo que busca la magistrada Soto Fregoso es asegurar que la Corte no reconozca las suspensiones que muchos jueces han dictado en contra de la reforma judicial y del proceso electoral. El gobierno siempre ha mantenido la posición de que los jueces no tienen facultades para frenar el proceso, pero en lugar de acudir a tribunales de revisión han preferido simplemente desacatar los fallos. De la misma manera, el régimen sostiene que solo el Tribunal Electoral puede juzgar sobre este tema, porque lo considera electoral, pero las suspensiones se han venido dando desde mucho antes de que hubiera un proceso electoral.

A final de cuentas, a la Suprema Corte de Justicia le toca la última interpretación de la Constitución. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia de elecciones, pero la Corte es la única que puede decidir en asuntos de interpretación constitucional. Los ministros pueden excusarse de tratar temas en los que tienen algún conflicto de interés, claro, y lo han hecho en muchas ocasiones. Pero si los ministros no se excusan, tendría que haber una recusación, la cual debería ser resuelta por el órgano jurisdiccional correspondiente, que sería la propia Corte.

La magistrada Soto Fregoso no ha promovido una recusación: simplemente ha pedido a unos ministros reconocidos por ser independientes que se excusen del asunto. No ha pedido esa misma excusa a las ministras cercanas al gobierno que habrían cometido la misma falta. La declaración tiene un propósito político, más que jurídico.

Sabemos, sin embargo, la conclusión de esta historia. Dudo que los ministros independientes se excusen, pero tampoco importa qué decisión tome la Corte. El gobierno y su bancada en el Congreso simplemente desacatarán el fallo. Lo han hecho una y otra vez a lo largo de este proceso, partiendo del desacato a nombrar a los magistrados que faltaban en el Tribunal Electoral. Este les ha permitido tener una mayoría garantizada en un tribunal disminuido. Un desacato más no sería relevante para la 4T.

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