AMLO o Alfaro: ¿Quién tiene responsabilidad en caso del campo de exterminio en Teuchitlán?

El hallazgo del campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha generado la indignación en todo el país, debido a la crudeza de las imágenes en donde se observan restos óseos, ropa, zapatos, entre otros objetos personales de las víctimas que habrían sido asesinadas en el lugar.

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El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó que al interior de dicho predio, que las autoridades tienen identificado como un campo de adiestramiento presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se encuentran los restos de al menos 200 personas.

La información se ha dado a cuentagotas, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que es necesario saber qué se encontró en el predio, el cual quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco desde septiembre de 2024.

Por su parte, el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el caso será atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz.

Aunque el hallazgo ocurrió el pasado 5 de marzo por el colectivo de personas buscadoras de familiares desaparecidos, se ha dado a conocer que las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia de ese predio desde septiembre del año pasado, cuando gobernaban Andrés Manuel López Obrador, a nivel federal, y Enrique Alfaro, en el estado.

¿De quién es la responsabilidad del caso Teuchitlán?

La Guardia Nacional no solo tuvo conocimiento de lo que ocurría en el Rancho Izaguirre en septiembre de 2024, sino que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que esa corporación identificó un caso similar en un predio también en Teuchitlán.

La fosa clandestina en Teuchtlán

De acuerdo con un informe de la Guardia Nacional, compartido con los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, esa corporación indicó que el 10 de agosto de 2019, se localizó una finca con varios cuerpos calcinados en Teuchitlán, cerca de la comunidad de La Estanzuela.

El reporte de hace casi seis años guarda similitudes con lo encontrado por los colectivos de búsqueda, como objetos y zapatos de las posibles víctimas.

En ese entonces se presumía que en el lugar podría haber una fosa clandestina con restos humanos, además de una mancha negra en el terreno, en donde quedaron cuerpos incinerados.

Este reporte, hallado por MCCI, alimenta los señalamientos de que desde 2019, el gobierno del presidente López Obrador tenía conocimiento de lo que ocurría en ese municipio jalisciense.

Campo de exterminio

Además de este caso, existe otra prueba a la vista de todos en que en un operativo de intervención de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano ingresaron al centro de adiestramiento del crimen organizado, en donde detuvieron a 10 presuntos delincuentes y rescataron a 2 personas privadas de la libertad.

El comunicado fechado el 20 de septiembre de 2024, se detalló que elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron “el centro de adiestramiento”, ubicado en la comunidad de La Estanzuela.

Tras la intervención del inmueble, detuvieron a 10 presuntos secuestradores y aseguraron un arsenal compuesto por fusiles de asalto, armas cortas, una granada, placas balísticas y chalecos tácticos.

Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados quedaron en disposición de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que en ese momento era gobernado por Enrique Alfaro.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que tras este aseguramiento fue la Fiscalía de Jalisco quien se quedó con el resguardo del inmueble.

Tanto los hechos de 2019 como de 2024 ocurrieron durante las administraciones de AMLO y Alfaro; los reportes de la Guardia Nacional, así como el resguardo de la Fiscalía General del Estado mostraría que ambos jefes del Ejecutivo, federal y estatal, tenían conocimiento de la existencia de estos predios.

Colectivos exigen a autoridades investigar

Pero el hallazgo no lo hicieron las autoridades ni federales ni estatales, sino de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que sin equipos especializados, meten las manos en la tierra para buscar indicios.

Colectivos de búsqueda, como Artículo 19, exigieron al Estado mexicano, a las autoridades estatales y federal una investigación inmediata e independiente.