Así opera la ‘oscura red’ de agentes fronterizos para extorsionar a migrantes en EUA

La migración ilegal en Estados Unidos se encuentra bajo la mira del gobierno de Donald Trump, firmando decenas de órdenes ejecutivas para cerrar la frontera y aumentar la presión a México para reducir la llegada de migrantes.

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Sin embargo, un artículo del New York Times reveló que funcionarios del condado de Kinney, Texas, situado en la frontera, han establecido una oscura red para enriquecerse a costa de las personas que cruzan a Estados Unidos.

El sistema estadounidense de control migratorio exige a las personas extranjeras indocumentadas obtener un permiso oficial, sin embargo, miles evitan los cruces fronterizos oficiales y entran al país ilegalmente invadiendo propiedades privadas.

Es aquí cuando surge la operación de esta red en el condado de Kinney.

¿Cómo opera esta red?

De acuerdo con el artículo, el sistema del condado de Kinney opera de la siguiente manera:

Los funcionarios arrestan a estos migrantes y los acusan de allanamiento.

Tras ser detenidos, les imponen una fianza de aproximadamente mil dólares con el propósito de asegurar su comparecencia en el juicio y ser devuelta si se presentan.

En caso de que el acusado no pague la fianza, permanecerá encarcelado hasta el juicio, que puede demorarse varios meses, tiempo durante el cual no puede mantener a su familia.

Ello obliga a que los familiares de las personas detenidas vendan sus posesiones en México para reunir el dinero de la fianza, el cual es enviado a través de un mensajero para llevar el dinero al juzgado del condado de Kinney.

De acuerdo con el artículo, después de que el acusado paga la fianza los funcionarios del condado de Kinney, inmediatamente lo entregan a las autoridades de inmigración de Estados Unidos, las personas detenidas son deportadas de inmediato a México.

Como resultado, el migrante no puede regresar a Estados Unidos para su juicio por allanamiento debido a las leyes de inmigración que le prohíben el reingreso sin permiso oficial, lo que lleva a la pérdida de la fianza cuando se presenta el caso en el tribunal estatal.

Según detalló Jacob Hornberger fundador de The Future of Freedom Foundation, estos fondos confiscados han enriquecido al condado de Kinney en $1.7 millones en los últimos cuatro años.

Estos recursos se han utilizado en aumentos salariales para los burócratas, la compra de nuevas camionetas y la expansión del personal para perpetuar este negocio ilícito.