Foto: Cuartoscuro.
Caso Wallace: SCJN ordena libertad de Juana Hilda González tras casi 20 años detenida
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte ordenó libertad a Juana Hilda González.
Thalí Leyva
Publicada: jun 11 a las 17:05, 2025
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó “inmediata y absoluta libertad” a Juana Hilda González Lomelí, quien fue acusada de participar en el secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor de la sentencia.
Mientras que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra de otorgar el amparo liso y llano a Juana Hilda.
“Se está ordenando la inmediata y absoluta libertad de la quejosa se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, se notifique esta determinación a la autoridad penitenciaria correspondiente”, indicó la presidenta de la Primera Sala, Loretta Ortiz.
Juana Hilda estuvo presa casi 20 años
Juana Hilda González Lomelí pasó más de 19 años en prisión acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace.
La sentencia del ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostiene que las declaraciones en las que la mujer “reconoció” su participación en el delito fueron obtenidas mediante tortura, por lo que son “inválidas las pruebas” obtenidas por la antingua Procuraduría General de la República (PGR).
La Sala señaló que sin los indicios, no hay elementos de prueba para sustentar la responsabilidad de Juana Hilda en el secuestro de Hugo Alberto, ya que solo quedan las declaraciones de familiares del empresario, sobre las actividades de la víctima los días previos a su desaparición.
Defensa de Juana Hilda
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que representa a Juana Hilda y a otras personas coprocesadas, manifestó que esta resolución reitera que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos.
Entre ellos, la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas.
En un comunicado, el IFDP indicó que este hecho es de enorme relevancia por su trascendencia en el sistema de justicia penal.