
Foto: Cuartoscuro
No solo gobernadores de Morena han sido acusados de corrupción por las autoridades mexicanas y estadounidenses.
El partido Morena se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. Esto, tras las recientes acusaciones por parte de Estados Unidos en contra de dos de sus gobernadores: Alfonso Durazo y Marina del Pilar.
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Durazo, gobernador de Sonora, fue considerado “sospechoso terrorista” por las autoridades estadounidenses, mientras que a Del Pilar, gobernadora de Baja California, le fue revocada la visa.
Pero no han sido los únicos gobernadores en la mira. Partidos como el PRI, PAN y el extinto PRD, tienen en su historial casos de gobernadores señalados, investigados o hasta presos por corrupción.
En Político MX te contamos quiénes son.
Quizá el caso más controversial de la política mexicana actual que ha manchado a la oposición mexicana, es el del exsecretario de Seguridad federal en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
En febrero de 2023, la corte de Brooklyn en EUA, lo declaró culpable de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y de conspirar para traficar cocaína. En octubre de 2024, fue sentenciado a 38 años de prisión.
García Luna se encuentra ahora en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, EUA, en donde también se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su liberación está programada para agosto de 2052.
Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de EUA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Aunque fue desaforado en 2021 y se giró una orden de aprehensión en su contra y una Ficha Roja de la Interpol, que fueron suspendidas en 2022 y 2025, respectivamente, la FGR ha impugnado fallos a su favor.
Cabeza de Vaca, quien se encuentra actualmente en EUA, acusa a Santiago Nieto y Américo Villarreal de fabricar pruebas en su contra.
Silvano Aureoles, quien fungió como gobernador de Michoacán de 2015 a 2021, fue declarado prófugo de la justicia luego de que se revelara la existencia de una orden de aprehensión en su contra al ser acusado de uso indebido de recursos públicos.
Las denuncias en su contra fueron presentadas por el actual gobierno estatal, que lo señaló de operar un esquema de desvío de recursos conocido como “la licuadora”, con el que construyó y arrendó cuarteles durante su gestión.
Aunado a esto cuando aspiró por la candidatura presidencial salieron a la luz acusaciones donde lo señalaban con sus presuntos vínculos con el narco durante su administración en Michoacán.
El diputado michoacano Hirepan Maya Martínez (Morena), apoyándose en un audio que reprodujo en tribuna, acusó que “Horacio Morales, El Perro, operador de La Familia Michoacana en Tuzantla, señaló a Silvano Aureoles por sus vínculos con el narcotráfico”, de acuerdo con Proceso. Sin embargó en su momento desestimó las acusaciones.
Aureoles aún se encuentra fugitivo; sin embargo, en mayo, una jueza suspendió la órden de aprehensión en su contra por desvió de recursos, razón por la que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la interposición de una denuncia penal contra la juzgadora.
Ángel Aguirre, perteneciente a las filas perredistas, era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Pidió licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, a 27 días de los hechos de Iguala y desde entonces, familiares de las víctimas han exigido su investigación como otro responsable más del crimen.
La agencia Apro informó que en medio del conflicto armado protagonizado por grupos delictivos que disputan la producción de heroína en la Sierra de Guerrero fue exhibido públicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde colocaron mantas en las que acusaban al exgobernador perredista y al diputado local priista Olaguer Hernández Flores de presuntos nexos con el narco.
Al respecto, Aguirre calificó las imputaciones en su contra como “falsas y dolosos infundios”.
Luego de la detención, en mayo de este año, de la exmagistrada Lambertina Galeana Marín, relacionada con la presunta destrucción de videos sobre el caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que le toca a la FGR definir si investigará a Aguirre.
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, ha sido acusado de lavado de dinero y delitos electorales, aunque en junio de 2023 fue exonerado de este último.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo acusó de recibir sobornos de narcotraficantes y le prohibió la entrada a su territorio, congelando sus bienes y cuentas bancarias en ese país.
Fue detenido en junio de 2021 en Nuevo León y desde entonces se encuentra recluido en el penal federal de “El Rincón”, en Tepic, Nayarit.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, ha sido señalado por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud.
Fue detenido en 2017 en Italia, con documentos falsificados y en 2018, fue extraditado a EUA, en donde se declaró culpable de haber aceptado sobornos millonarios de organizaciones criminales durante su gestión y fue sentenciado a nueve años de prisión.
En abril de 2025 fue deportado a México tras cumplir su pena en EUA. Actualmente se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, y ha recibido múltiples autos de formal prisión.
Otro funcionario del PRI envuelto en la polémica fue, Aristóteles Sandoval Díaz, quien gobernó de 2013 a 2018, acusado por presuntos desvíos de fondos en su administración.
Asimismo, surgió información durante juicios en EUA que vinculan a Sandoval con presuntos pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para su campaña a la gubernatura en 2012.
Sandoval Díaz falleció el 18 de diciembre de 2020 a causa de la un ataque directo en un bar en Puerto Vallarta.
El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, estuvo prófugo de la justicia hasta mayo de 2001, cuando fue detenido en el aeropuerto de Cancún acusado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) estaría ligado con la célula del sureste del Cártel de Juárez, encabezada por Alcides Ramón Magaña, “El Metro”, y Juan Esparragosa, “El Azul”.
Debido a lo anterior contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.