Los golpes vs el narco de EU a México

En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una ofensiva que ha cimbrado al círculo político cercano a la llamada Cuarta Transformación.

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Una de las acciones más notorias fue la revocación de la visa a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y a su esposo Carlos Torres.

Aunque ambos afirman que no existe una acusación formal, medios estadounidenses han vinculado su caso con presuntos nexos con el crimen organizado.

Además del caso de Ávila, se han difundido versiones sobre una lista de hasta 44 políticos mexicanos —la mayoría de Morena— que estarían bajo observación o ya han sido objeto de sanciones migratorias. Entre ellos se mencionan a gobernadores, legisladores y exfuncionarios federales, la mayoría de Morena y sus aliados.

Aunque algunas versiones, como la supuesta revocación de la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, han sido desmentidas, otras como la del alcalde de Matamoros, Alberto Granados, fueron confirmadas públicamente.

Este fue detenido por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la noche del pasado 17 de abril, por su presunta relación con el empresario Édgar Alejandro, detenido en posesión de 8 kilos de cocaína en Brownsville el 27 de enero del 2025.

Los hechos fueron desmentidos por el alcalde al día siguiente, asegurando que en realidad fue una revisión cotidiana. Hasta la fecha, el gobierno del municipio no ha confirmado los hechos, sin embargo, el medio Elefante Blanco señaló que tras esto, el alcalde pospuso su agenda de actividades y cuando medios le pidieron que enseñara el documento, dijo que no lo traía consigo.

Otro caso es el del morenista Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora. De acuerdo con el periodista Alberto Sánchez, el documento le fue removido al intentar cruzar la frontera, junto con su esposa e hijo, durante el martes 10 de junio a través de San Luis Río Colorado.

Aseguran que estas medidas son parte de una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump, que busca presionar a México para actuar con mayor firmeza contra el narcotráfico, incluso llegando a proponer la intervención de tropas estadounidenses en territorio mexicano, algo que Claudia Sheinbaum calificó como “inaceptable”.

Vector y el narco: el golpe financiero que salpica a Alfonso Romo

Otro escándalo que ha puesto a la administración de la 4T en una posición incómoda es la revelación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la participación de la casa de bolsa Vector en operaciones financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La investigación señala que esta institución facilitó el lavado de dinero, pagos de sobornos y transferencias para la compra de precursores de fentanilo.

El caso se torna aún más delicado debido a que Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador entre 2018 y 2020, es uno de los principales accionistas de Vector.

Aunque hasta ahora no ha sido acusado formalmente, la información generó fuertes cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y omisiones durante su paso por el gobierno.

Las acusaciones, sustentadas por informes de FinCEN, también involucran a otras instituciones financieras mexicanas como CIBanco e Intercam, que habrían trabajado con varios cárteles, incluyendo el del Golfo y el CJNG.

En conjunto, estas empresas habrían lavado millones de dólares y facilitado operaciones clave para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr: lo que México no hizo, EU lo hizo

El caso del boxeador Julio César Chávez Jr. ha provocado una nueva controversia. Detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el excampeón mexicano es acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades norteamericanas incluso han catalogado al deportista como “afiliado” a una organización terrorista extranjera.

Más allá del impacto mediático del caso, lo que ha indignado a muchos en México es que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión vigente desde marzo de 2023 por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, sin que el Estado mexicano hubiera concretado su captura.

Fue hasta su detención en California, en julio de 2025, cuando el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente el caso y confirmó que está listo para judicializarlo en cuanto sea deportado.

El caso ha sido interpretado por analistas y medios como una muestra del desinterés o incapacidad de las autoridades mexicanas para actuar contra personajes ligados al narco, dejando que sea el gobierno estadounidense quien tome la delantera en el combate a estas redes delictivas.

Sheinbaum, entre la soberanía y la presión de Washington

Luego de que se hiciera pública la llamada entre Sheinbaum y Trump el pasado 1 de mayo, la presidenta admitió que hubo propuestas que calificó de “inaceptables”, como permitir el ingreso del Ejército estadounidense para combatir a los cárteles. Sin embargo, también ha tenido que reconocer que existen casos como el de Chávez Jr., donde las autoridades mexicanas no actuaron de forma oportuna.

A esto se suma el escándalo financiero que involucra a figuras del pasado gobierno de López Obrador, debilitando aún más la narrativa de “cero corrupción” que abanderó la 4T.