¿Más censura? Morena busca prohibir memes, stickers y críticas

Morena vuelve a la polémica luego de que se dio a conocer que desde San Lázaro se promueve una iniciativa para meter a prisión a usuarios que difundan imágenes o videos generados con inteligencia artificial.

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El promovente de esta iniciativa, es el diputado federal Armando Corona Arvizu, de Morena, quien propuso castigar hasta con 6 años de cárcel a quienes difundan imágenes, videos, audios, o representaciones digitales que hayan sido manipulados con tecnología o inteligencia artificial para dar la reputación.

La iniciativa fue presentada el pasado 23 de septiembre ante San Lázaro para modificar el Código Penal Pedernal establece que todo aquel que utilice “sin consentimiento la imagen, voz o identidad de una persona física, con el propósito de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación o dignidad”.

Así se observa en la propuesta de modificación a los artículos 211 Bis 8 y Bis 9 al Código Penal Federal, en donde además se advierte la imposición de penas de tres a seis años de prisión, además de una multa de 300 a 600 días de multa.

La iniciativa ha generado polémica, pues si bien es cierto que México padece una grave problemática de violencia digital, los fraudes facilitados por IA se dispararon un 220% en dos años.

El diputado argumentó que se estima que casi la mitad de los mexicanos ha sido víctima o conoce a alguien que ha sido víctima de manipulación digital mediante IA, lo que incluyendo deepfakes, audios falsos y videos manipulados

Aunque una legislación en la materia es necesaria, analistas han considerado que abre la puerta para que políticos acusen a periodistas de ciberacoso, como ya ha ocurrido en tiempos de la 4T.

¿Censura, con el sello de la 4T?

Pese a que la narrativa oficial promete transparencia y libertades, cada vez es más común el uso del aparato del Estado para acallar voces críticas; pues en los últimos meses, al menos tres casos de censura, han generado indignación en la sociedad.

Dato protegido

En agosto pasado, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Karina Barreras -bautizada en redes sociales como ‘Dato Protegido’-, invocó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para demandar disculpas públicas y sanciones contra una ciudadana que la criticó.

El caso escaló hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando la ordenaron a una ciudadana a pedirle disculpas públicas a la diputada federal por un periodo de 30 días, utilizando sus redes sociales, además la orden de tomar un curso para evitar estos hechos.

Censura en Campeche

En Campeche, un medio local se vio forzado a retractarse públicamente ante acusaciones similares por parte de la gobernadora Layda Sansores.

En julio de 2025, una jueza federal impuso una medida de “censura previa” al periodista Jorge González y al medio Tribuna de Campeche, ordenando la vigilancia constante de sus publicaciones para evitar cualquier mención a Sansores que pudiera interpretarse como “incitación al odio”.

Esta resolución, dictada en medio de un proceso penal iniciado por la propia gobernadora, no solo inhabilita al comunicador sino que establece un precedente alarmante: un filtro judicial sobre el contenido antes de su difusión.

Ley Censura

En junio de este año, el Congreso de Puebla aprobó la controvertida “Ley Censura”, una reforma al Código Penal con el que se castiga con hasta dos años de cárcel los “insultos” en redes sociales, bajo el pretexto de combatir el ciberacoso, pero críticos como la Sociedad Interamericana de Prensa la denuncian como una “vía rápida para censurar investigaciones periodísticas y testimonios incómodos”.

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