
Foto: Cuartoscuro
El Universal reveló que María Elena Álvarez-Buylla omitió reportar la ampliación de su casa; mientras la ASF la investiga por presunto daño al erario.
María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, omitió reportar la ampliación de su vivienda para la construcción de una casa-estudio de 60 metros cuadrados para su hija, de acuerdo con una investigación de El Universal.
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La información, obtenida a través de la plataforma DeclaraNet, muestra que en su declaración patrimonial de 2019, Álvarez-Buylla reportó 223 metros de construcción, cifra que no modificó en su declaración de conclusión de 2024, a pesar de la ampliación realizada en 2021.
La omisión impide reflejar los casi 60 metros adicionales de edificación construidos en el jardín de la propiedad, ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde la exfuncionaria reside actualmente.
Según la indagatoria, Álvarez-Buylla declaró tres propiedades con un valor total de 5 millones 150 mil pesos, entre ellas:
También reportó un crédito hipotecario, un automóvil Subaru XV 2018, adquirido de contado por 429 mil 900 pesos, e ingresos anuales por 1 millón 719 mil pesos derivados de su salario y una compensación del 3% por su plaza como investigadora de la UNAM.
En días recientes, El Universal también reveló que Álvarez-Buylla otorgó un contrato por asignación directa al despacho Estudio MMX, el mismo que diseñó la casa-estudio de su hija, Jimena García Álvarez-Buylla.
El Conahcyt pagó 4 millones 431 mil pesos a esa firma por la museografía del Centro Kalan, un proyecto que hasta la fecha permanece cerrado al público.
La revista Dwell publicó en 2021 el reportaje sobre el estudio de 60 metros cuadrados ubicado en el mismo predio de la exfuncionaria.
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La controversia en torno a Álvarez-Buylla continúa tras la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivada de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, en la que se detectó un presunto daño al erario por más de 50 millones de pesos durante su gestión al frente del Conahcyt.
Entre las irregularidades señaladas destacan pagos anticipados por 22.5 millones de pesos sin acreditar servicios, contratos otorgados sin licitación y prácticas que limitaron la libre competencia.
Álvarez-Buylla negó las acusaciones, argumentando que atendió las observaciones de la ASF mediante la renuncia del titular de Administración y la apertura de procedimientos internos para deslindar responsabilidades.
El caso de Álvarez-Buylla golpea el discurso de austeridad republicana promovido por el expresidente López Obrador. La revelación de una casa-estudio de lujo no declarada, junto con la denuncia de la ASF, expone las contradicciones entre el discurso anticorrupción y las prácticas administrativas dentro del gobierno morenista.